Por Carlos Cano, Director ejecutivo Cetra
DE BUENAS INTENCIONES ESTÁ PLAGADO EL INFIERNO.
En estos primeros cuatro meses del año, en que la pandemia Covid-19 se ha expandido a distintos ritmos en el mundo, en muchos países se han conocido medidas sólidas de respaldo económico a los trabajadores que se tornan inactivos por las cuarentenas obligatorias y/o la desaceleración de los sistemas de producción de bienes y servicios. Se habló de la “hibernación de las empresas”, lo que supuso planes de respaldo enérgicos para las compañías pero también para sus trabajadores. A estas últimas medidas se unieron prohibiciones de despidos.
En Chile al poco tiempo de iniciada la crisis sanitaria, con diligencia extrema el gobierno presentó y logró aprobar un texto legal que “protegería a los trabajadores” ante la crisis económica previsible. Lo sorprendente es que resultó ser un subsidio directo a las empresas con los ahorros para cesantía de los mismos trabajadores. En la historia de esta norma legal quedara constancia de que existió el intento de focalizar su uso por parte de PYMES pero nada de ello ocurrió. También quedaran en la memoria los discursos presidenciales sobre el énfasis presunto de esta norma.
Días atrás la Ministra de Trabajo y Previsión Social notificó a las chilenas y chilenos sobre el uso que las empresas hicieron, en su primera oportunidad de acceso, de la llamada “Ley de Protección del Empleo”. La presentación de la autoridad fue inicialmente engañosa al marcar los porcentajes de participación por tamaño de empresa. Más aun cuando las grandes empresas están encubiertas en un subconjunto que agrupa a aquellas compañías sobre 200 trabajadores.
Las solicitudes de Suspensión Temporal de Contratos al 23 de abril (cierre del mes para pagos a fines del mismo), provinieron de 66.573 empresas con un total de 516.626 trabajadores.
El número de Grandes Empresas, (respecto del total de unidades económicas) que se acogieron al beneficio, fue de 1,3% de empresas, como indicó la ministra, pero en la realidad representaron el 29,3% del universo de empleados involucrados.
Revisemos estas cifras, concentrándonos en las grandes empresas del Retail, donde nos ha correspondido acompañar a los Sindicatos con nuestra Asesoría.
| TAMAÑO EMPRESA | PACTO DE ACUERDO DE SUSPENSIÓN (Nº DE TRABAJADORES) | SUSPENSIÓN POR ACTO DE AUTORIDAD (Nº DE TRABAJADORES) | TOTAL | |||
| MICRO | 95.526 | 34,0% | 46.144 | 19,6% | 141.670 | 27,4% |
| PEQUEÑA | 70.607 | 25,1% | 66.741 | 28,3% | 137.348 | 26,6% |
| MEDIANA | 33.745 | 12,0% | 46.837 | 19,9% | 80.582 | 15,6% |
| GRANDE | 77.725 | 27,7% | 73.843 | 31,3% | 151.568 | 29,3% |
| S/I | 3.423 | 1,2% | 2.235 | 0,9% | 5.658 | 1,1% |
| TOTAL | 281.026 | 54,4% | 235.800 | 45,6% | 516.826 | 100,0% |
Señalemos que el 45,6% de las suspensiones se establecieron de manera unilateral. Así ocurrió en H&M, Modella Group y grupos de trabajadores de locales en cuarentena de grandes tiendas. El 54,4% de éstas suspensiones fueron de “común acuerdo”. El entrecomillado se debe a que en la inmensa mayoría de los casos, a lo menos en el comercio y el retail, los “métodos de persuasión” fueron desde bonos de $180.000 (en Paris), $150.000 (en Ripley) a trabajadores de jornada completa y proporcionalmente en las otras jornadas; promesas de no despido durante algunos meses; aplazamiento de pago de cuotas de créditos u otras formas más descarnadas de amenaza, extorsión y engaño. Se usó a los mandos de los establecimientos para transmitir que si no se firmaba, no habría pago de remuneración por parte de la empresa. También se citó a trabajadores a las tiendas cerradas para provocar miedos a eventuales contagios.
| TAMAÑO EMPRESA | PACTO DE ACUERDO DE SUSPENSIÓN (Nº DE TRABAJADORES) | SUSPENSIÓN POR ACTO DE AUTORIDAD (Nº DE TRABAJADORES) | TOTAL | |||
| MICRO | 95.526 | 34,0% | 46.144 | 19,6% | 141.670 | 27,4% |
| PEQUEÑA | 70.607 | 25,1% | 66.741 | 28,3% | 137.348 | 26,6% |
| MEDIANA | 33.745 | 12,0% | 46.837 | 19,9% | 80.582 | 15,6% |
| GRANDE | 77.725 | 27,7% | 73.843 | 31,3% | 151.568 | 29,3% |
| S/I | 3.423 | 1,2% | 2.235 | 0,9% | 5.658 | 1,1% |
| TOTAL | 281.026 | 54,4% | 235.800 | 45,6% | 516.826 | 100,0% |
Los poderes Ejecutivo y Legislativo tomaron conciencia de que la aplicación práctica de la ley desnudó situaciones que hicieron más evidente aún los abusos de las grandes empresas. Cencosud ha sido el símbolo de esta conducta al distribuir más de 91.000 millones de pesos como dividendos y enviar simultáneamente a miles de sus empleados a la suspensión vía AFC. En un nuevo proyecto de ley se está aprobando limitar la distribución de utilidades cuando una empresa se acoge al uso de subsidios de cesantía. Al no ser retroactiva esta norma, las platas repartidas permanecerán tal cual. A cierre de este artículo se ha conocido que Cencosud reversará el procedimiento que empleó con sus filiales Paris y Johnson y devolviendo los fondos de los trabajadores usados se hará cargo del pago de las remuneraciones. Es un misterio los procedimientos que se emplearan para hacer esto. Lo que sí está claro es el daño que están sufriendo las personas afectadas, que no cobraron remuneraciones a fin de abril y que están todavía recibiendo sus dineros con cuenta gotas.
LOS TRABAJADORES PAGAN LOS COSTOS DE LA CRISIS.
Este uso inmoral de la ley por parte de grandes empresas, lejos de cualquier comportamiento empresarial responsable y ético fue resistido por un número importante de sindicatos, no todos, por ausencia de información de calidad o compromiso con las empresas. Se han destacado en estas luchas la Coordinadora de Sindicatos del Comercio y Servicios Financieros, respaldada por la CUT y sus Federaciones en Ripley y Paris. La fuerte campaña en los medios y en las redes sociales ejecutada por estos y otros actores finalmente hizo insostenible que Cencosud concretara sus aspiraciones.
Un caso aparte ha sido Falabella, que declinó utilizar la Suspensión de Contratos pero recurrió a la rebaja salarial “voluntaria” de sus empleados que se acompaña con disminución de jornadas. Acompañamos dos cuadros donde se aprecian los cambios que se producirán entre un mes normal y mayo, el primero de los meses que se recalculan.
Las cifras resultantes no muestran la remuneración final real pues falta aún deducir el efecto completo de la semana corrida y los días que no se pagaran de Colación y Movilización. El Holding Falabella ha mantenido en funcionamiento filiales como Tottus, Sodimac y la Banca y se ha conocido que tiene la intención de abrir sus Centros Comerciales Mall Plaza apenas las condiciones locales en cada comuna lo permitan. El caso de Quilpué fue un ensayo que les pertenece. Parece entonces de sentido común que optaran por no enredarse en el uso de la Ley de Protección del Empleo, con sus daños a la imagen corporativa, y prefirieran obtener un ahorro relevante en el gasto de remuneraciones que calculamos llega al 34% de las planillas y estar listos para abrir puertas, con un Protocolo ya pactado por la Asociación Gremial de Centros Comerciales y el gobierno.
EL AHORRO DE LAS EMPRESAS.
En relación a la cuantía del subsidio de los trabajadores a las grandes empresas, particularmente en el Retail y los Servicios asociados en Centros Comerciales podemos indicar que conocidas las cifras de al menos las primeras veinte grandes empresas que están usando las ley. Éstas suman cerca de 15.000 trabajadores vinculadas a las grandes tiendas, si retiramos los 2023 de Johnson y los 1758 de Paris. Entre los “usuarios” de la norma que permanecen en las listas destaca Ripley con 3170 colaboradores, como les gusta decir. También están La Polar (1639 funcionarios), H&M(1521), Corona (1421) y Forus (1101), del mismísimo ex presidente de la CPC. En los servicios relacionados, con la mayoría de sus locales en centros comerciales, hicimos una lista corta de grandes empresas y llegamos a cerca de 7.000 trabajadores enviados a autopagarse en la AFC.
Entre ellas; Fast Food (1100), Telepizza (968), Heladerías Icecream (939), Serper (018), Starbucks (1609) y Cine Hoyts (1250). Tenemos entonces que sólo en las primeras veinte grandes empresas acogidas al uso de la ley de “Protección del Empleo”, hay una suma de 22.000 empleados que subsidian a sus compañías. Si calculamos un costo empresa promedio por trabajador de 300 mil pesos, al considerar las distintas jornadas y dejar fuera los costos previsionales, alcanzamos una cifra cercana a los siete mil millones por mes. Al ser tres meses el plazo de acogida de los pactos ese guarismo se eleva sobre los 20 mil millones.
Se nos dirá que la cifra no es exacta porque hay un porcentaje que corresponde al uso unilateral de la ley por cuarentena y que la suma de estos tiempos no son noventa días. Respondemos que estamos usando en el cálculo sólo 12 empresas de esta pole position de veinte grandes. Es evidente que el aporte que están haciendo los trabajadores en esta hibernación parcial de las empresas chilenas es enorme y están siendo las trabajadoras y trabajadores chilenos los que están cargado con esta crisis. Cómo siempre. Es hora de que el movimiento sindical y los grupos políticos progresistas tomen conciencia sobre las tareas post pandemia que se refieren al modelo económico y político post pandemia y por cierto sobre las funciones del estado en un mundo que estará cada vez más afectado a escala global por nuevas pandemias, la disrupción tecnológica y el cambio climático.