“Duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tu sueño dulce y sonriente vela tu amante carabinero”. Aquella es una de las frases contenidas en el himno de Carabineros de Chile, sin embargo, de dicha protección mucho ha quedado en duda durante los últimos meses y sobre todo días.
Este último fin de semana los cuestionamientos hacia la institución se han acrecentado, puesto que con el femicidio de la carabinera Norma Vásquez quedó en evidencia que la policía uniformada no solo ha fallado en la protección de chilenas y chilenos del área civil, sino que también ha fallado para quienes integran sus filas.
La joven de 20 años había denunciado a Gary Valenzuela, también funcionario de la institución, por intento de violación, acción por la que el hombre tenía un sumario abierto en Carabineros, estaba apartado de sus funciones y, además, ante la denuncia hecha en Fiscalía contaba con una orden de alejamiento.
Gary Valenzuela también tenía antecedentes previos de otras denuncias por delitos similares, y junto a ello estaba vinculado con la golpiza a Alex Núñez en Maipú, violencia ejercida por Carabineros en octubre pasado y que terminó con el hombre fallecido.
Sin embargo, una vez más a pesar de que la víctima hizo todo lo que el sistema le solicita, como es denunciar, la protección fue inútil. Norma Vásquez fue encontrada muerta en el interior del maletero de un auto en un motel de la comuna de Linares. Por aquel asesinato Gary Valenzuela se mantiene detenido y será formalizado el próximo miércoles 26 de agosto.
La familia de la víctima ha sido enfática en señalar que a pesar de haber denunciado la violencia que sufrió, Carabineros no la protegió.
En opinión de la abogada de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Silvana del Valle, este femicidio devela la profundidad con la que el patriarcado está instalado en las estructuras de las organizaciones chilenas, entre ellas instituciones públicas como lo son las policías.
“Sabemos que las policías están denunciadas por mujeres hace mucho tiempo por no preocuparse en los crímenes contra mujeres, por no realizar sus acciones y sus investigaciones de manera adecuada (…) No realizan las investigaciones con la profundidad y con la dedicación que debieran realizarse y, además, se preocupan mayoritariamente de crímenes cometidos en contra de la propiedad en lugar de crímenes cometidos contra la vida y la dignidad de las personas, y en particular de las mujeres. Esa forma en la que operan queda muy develada en cómo actúan al interior también de su organización”, comentó.
Además, la también directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano explicó que ante un caso como este, en que no solo estaban los antecedentes de la agresión sexual, sino también de la golpiza posterior al estallido social, es lamentable y cuestionable que la institución solo se limitara a ejercer una investigación administrativa, y no así a garantizar la protección adecuada a su funcionaria.
“¿Cómo van las mujeres a confiar en una institución como esta que no demuestra ni siquiera para sus propias integrantes tener la consciencia, el compromiso de trabajar para la erradicación de la violencia hacia las mujeres?”, cuestionó Silvana del Valle.
En una línea similar apuntó Mariana Bell, subdirectora de la Comisión de Derecho Penal de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, quien también hizo mención respecto de cómo este caso vuelve a poner en cuestión la confianza que las víctimas de violencia pueden depositar en una institución que no protegió de la forma adecuada a una de sus integrantes.
“Un caso como este evidencia que no importa de dónde seas, ni la edad que tengas, al final el sistema nos está fallando a todas las mujeres, y es mucho más grave porque además nos demuestra que la institución donde las mujeres tienen que acudir para poner una denuncia ni siquiera tiene protocolos en caso de violencia de género en sus funcionarias. Si falla ahí ¿qué podemos esperar nosotras?”, comentó.
Además, Mariana Bell abordó también cómo en este caso, a pesar de existir antecedentes sobre el tipo de comportamiento del agresor, no se tomaron las medidas de protección adecuadas: “No se tomó en cuenta que había una multiplicidad de situaciones que mostraban una conducta violenta, en lo que sabemos, porque se nos van a confirmar más datos durante la formalización, pero se dice que fue apartado de la institución, que estaba a la espera de una posible baja por varias investigaciones, que estaba a la espera de su expulsión pero dentro de eso no vemos si se le prestó apoyo a ella o si solo con la denuncia se pone una medida formal que no protege efectivamente a la víctima”, indicó.
El caso de Norma Vásquez ha sido incluso cuestionado y lamentado por la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, quien entre otras cosas abordó el fallo de la orden de alejamiento que había en favor de la joven.
“No podemos entender que hombres con esa característica sólo tengan una medida cautelar de alejamiento. Son un peligro para la sociedad. Pudo ser Norma, pudo ser cualquier mujer”, comentó la secretaria de Estado.
Respecto de estas fallas de protección, la abogada Mariana Bell dijo que “hoy incluso la mujer que denuncia en dos oportunidades no cuenta con un sistema de protección efectivo y esto es evidencia de cómo nos está fallando el sistema. Nos hace preguntarnos ¿cuántos casos más tenemos que lamentar para poder tomar acciones? y ¿cuántas semanas vamos a seguir comentándolas con el caso ‘de’? En este caso no se está dando cumplimiento a las obligaciones internacionales en las que se ha comprometido el Estado a efectivamente erradicar la violencia de género”.
Consultadas por lo que se espera para este caso, ambas abogadas apuntaron a que el delito cometido debe ser considerado un femicidio, dado los nuevos márgenes legales acordados bajo la Ley Gabriela.
“A mí no me cabe duda que el Ministerio Público debiera formalizar por ese delito. Ahora tenemos la Ley Gabriela que en marzo amplió el delito de femicidio considerando situaciones que antes no lo estaban, porque era un delito considerado femicidio íntimo, en el ámbito de pareja (…) Al modificar la norma no hay duda que al ser una expareja queda en la figura más restringida de femicidio y con la Ley Gabriela esto queda cubierto”, explicó Mariana Bell.
En tanto, sobre este punto Silvana del Valle concordó en que este delito puede incluirse en la Ley Gabriela, no solo por la relación que existió entre ellos, sino también por los datos que existen sobre violencia sexual y la respectiva denuncia, datos que pueden dar cuenta de la motivación de género que habría en este asesinato. Además, a juicio de la abogada no deben obviarse aquí otro tipo de responsabilidades, además de la que pueda tener Gary Valenzuela.
“Debiéramos esperar que se revisaran las responsabilidades que hay detrás de la comisión de este delito. Este delito pudo haber sido prevenido si la institución hubiese considerado las denuncias que habían en contra del femicida anteriores y hubiese actuado en concordancia, eso no se hizo. Hay un violador que quedó libre por muchas semanas y que no fue formalizado en su oportunidad por las agresiones sexuales de las que fue denunciado. Yo que creo que ahí tiene que buscarse, al interior de la institución policial, la responsabilidad de ello”.
La necesidad de una reforma que reflota día a día
El fraude cometido al interior de Carabineros, la Operación Huracán, el caso Catrillanca y las violaciones a los derechos humanos cometidas desde el 18 de octubre son parte de los hechos que se suman a una lista no menor de razones que tanto la ciudadanía, los expertos y los políticos han considerado a la hora de comentar la necesidad de reformar, o incluso refundar a la policía uniformada.
A aquello se suma ahora este femicidio, que ha revelado una vez más que la institución no ha estado a la altura de lo que solicitan los chilenos y chilenas, y tampoco de lo que exigen sus mismas funcionarias: protección y respeto de los derechos fundamentales.
En opinión de la abogada Silvana del Valle, lo que se requiere aquí es una reestructuración, dado que hoy Carabineros está inserto en la institucionalidad con un planteamiento vinculado a ser una Fuerza Armada, y con una labor en la que no prima la realización de sus funciones con un irrestricto respeto a los derechos humanos, entre ellos los de las mujeres.
“Ellos necesitan más que una perspectiva de género o feminista, necesitan un planteamiento completo, estructural a la forma en que realizan la labor policial, que hoy no está ajustada de ninguna manera a los estándares internacionales que existen”, comentó.
Mientras que Mariana Bell indicó sobre este punto que a partir de este caso y también de toda la violencia sexual que se ha denunciado desde octubre, debe existir una reforma en lo que refiere al tratamiento de casos con perspectiva de género.
“Es muy importante que la policía sea reformada y al igual como todos los funcionarios del Estado se tienda a hacer una ley que obligue a la capacitación en género de todos los funcionarios. En este caso se hace más patente la necesidad de que haya una ley de violencia de género y que sea de esa forma y no solo relacionado con violencia intrafamiliar, y en el caso de las policías también se hace necesario que se reformen con esta perspectiva para sus funcionarias y también para los casos que hemos visto a partir de octubre”, señaló.
En tanto, desde la experiencia en temas de seguridad y policía, la socióloga Lucía Dammert indicó que en este tipo de instituciones altamente jerarquizadas, las mujeres han comenzado a tener un rol recientemente y este todavía es secundario, lo que hace que se requieran cambios para garantizar que no exista violencia de género ni actitudes machistas que afecten a las funcionarias.
“Se requieren de políticas muy proactivas para evitar que las situaciones de acoso, maltrato, abuso, extorsión, etc. se desarrollen sin castigo, pero no solamente es acoso sexual o situaciones de violencia, sino también los micromachismos cotidianos que están involucrados en la forma en que uno desarrolla la carrera”, explicó.
En esa línea, Dammert añadió que lo que ocurrió en este femicidio debe ser investigado hasta el último detalle a fin de establecer cuál fue el rol de la institución, y si cayó en omisiones a la hora de recibir las denuncias de la víctima. Junto a ello dijo que se deben revisar los sistemas de capacitación y disciplina, así como también reconocer que existe una cultura machista y desde ese reconocimiento generar los cambios necesarios para erradicarlo.
“Hay que identificar si la institución auspicia, mantiene y desarrolla mecanismos por los cuales los hombres pueden ejercer violencia sobre las mujeres miembros de la institución, ya sea por la forma en que uno crece en la carrera, cómo se desarrolla en ciertas áreas de trabajo, los incentivos para tener retiro más rápido, las calificaciones, etc. De la mano de eso tienen que identificarse cuáles son los mecanismos anónimos y no anónimos que la institución ha instalado para permitir que las mujeres dentro de Carabineros puedan poner denuncias contra oficiales de mayor rango que podrían ejercer este tipo de acoso, abuso o violencia”, comentó la académica de la Universidad de Santiago.
En tanto, respecto a cómo la institución se ha posicionado públicamente en materia de búsqueda de justicia en violaciones a los derechos humanos, entre los que está el caso ocurrido en Maipú en que Gary Valenzuela está involucrado, la socióloga dijo que la actitud inactiva no puede mantenerse igual en este asesinato.
“La institución tiene problemas de opacidad, los niveles de transparencia en los casos de Fabiola Campillai, de Gustavo Gatica, en general han sido muy bajos por no decir inexistentes y, además, la respuesta institucional ha sido hacia la protección de sus funcionarios más que a la búsqueda de justicia y verdad. Creo que en este caso no puede suceder los mismo, no solo porque es un caso que demuestra una situación al interior de la institución, sino también porque dejaría desprotegidas a las cientos de mujeres carabineras”, expresó.
En esa línea, en opinión de Lucía Dammert, para las reformas que vengan en el futuro, tanto los actores políticos como las mismas autoridades de la institución no pueden dejar de hacerse cargo de la necesidad de transversalizar los derechos humanos y temas de género en la función policial, así como también dejar claros tanto los espacios de denuncia como los espacios de castigo.