Johanna Acevedo pocas veces seguía con atención el reporte público que a diario, a eso del mediodía, entregaban las autoridades del Ministerio de Salud sobre la situación de la pandemia por coronavirus. A la misma hora que el ministro y los subsecretarios de la cartera daban a conocer desde La Moneda las cifras de contagio y de fallecidos, ella y el personal que tenía bajo su mando en el Departamento de Epidemiología del Minsal estaban concentrados en procesar la información de la expansión del virus que debían enviar antes de las 14 horas al gabinete del ministro. Pero el miércoles 29 de abril pasado, fue diferente.
“En las últimas 24 horas se confirmaron 520 nuevos contagios en el país, totalizando 14.885 casos”, comunicó ese día el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich. Las cifras, sin embargo, no cuadraban con las que tenía y había reportado la tarde anterior el equipo de Epidemiología al gabinete del ministro. Faltaban 90 casos nuevos. Desde que se detectó el primer contagio en Chile de Covid-19, el 3 de marzo, habían enfrentado pequeños desfases de 2 o 3 personas, a los que no le habían dado mayor importancia. Pero ese 29 de abril la brecha era demasiado grande para que las alertas no se dipararan. “Dejo constancia”, escribió la enfermera matrona de 41 años con un magíster en epidemiología, en el encabezado del correo electrónico que envió a Mañalich, con copia a la jefa de gabinete del ministro, Itzar Linazasoro, y a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, para advertir de esta situación que, en los días posteriores, iría creciendo. Para el 9 de junio, fecha en que renunció Mañalich a la cartera, la diferencia ya era de 32.566 contagiados que no habían sido incluidos en el reporte público que daban a conocer las autoridades y que servían de sustento para la toma de decisiones en el control de la pandemia, como la estrategia de las cuarentenas dinámicas y la definición de los lugares que entraban y salían de confinamiento.
Este y otros correos intercambiados por las autoridades y funcionarios del Minsal son claves para la investigación desformalizada que lleva adelante el Ministerio Público a partir de las querellas presentadas por el senador Alejandro Navarro y el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.
Precisamente, la visita del fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Marcelo Carrasco, junto a oficiales de la PDI, el 8 de septiembre pasado a dependencias del Ministerio de Salud, tenía como objetivo cumplir con un requisito que le imponía la ley. El investigador ya tenía en su poder una orden emanada de la justicia que le permitía entrar por la fuerza a la repartición pública e incautar los correos electrónicos de Mañalich, Linazasoro y Daza.
El juez Darwin Bratti pocas horas antes le había dado luz verde para copiar de los servidores del ministerio y obtener así las casillas de esas autoridades tras analizar antecedentes que, a su juicio, fundaban la diligencia. Sin embargo, el Minsal para el Código Penal es de aquellos “lugares especiales” –como los recintos religiosos y castrenses- en que el fiscal debe avisar con 48 horas de anticipación que va a desarrollar una medida intrusiva. Hasta ahí, todo era un mero trámite, Carrasco estaba notificando lo que harían. Anteriormente la misma Fiscalía Centro Norte había desarrollado diligencias similares en otros ministerios del Ejecutivo, sin problema alguno. Pero esta vez fue distinto. El jefe de la cartera y sucesor de Mañalich, ministro Enrique Paris, decidió oponerse. Por primera vez en la historia, desde la creación del Ministerio Público, se alzaba una controversia. Carrasco, inquieto, junto al equipo de policías, aguardó durante varias horas en el edificio de calle Mac Iver, pero Paris nunca lo recibió. Sólo a través de una carta le hizo saber al investigador que en esas conversaciones podrían existir datos de pacientes que estaban protegidos por ley, por lo que no le permitía concretar la diligencia.
Sin embargo, dicha causal no está dentro de las cuales una autoridad puede invocar para oponerse a una pesquisa de esta envergadura autorizada por un juez. Dos días después llegaría otra carta, esta vez dirigida al jefe del fiscal, el jefe regional Xavier Armendáriz. “Puede verse afectada la seguridad nacional con la revisión y conocimiento de documentos reservados”, decía el secretario de Estado. La “seguridad nacional” sí está contemplado como una justificación para impedir al allanamiento. Pero la misma ley señala que la última palabra, ante esta controversia de Salud con el Ministerio Público, está en la Corte Suprema que se aproxima a dirimir esta pugna en los próximos días.
Carrasco y su equipo buscan acceder a los correos de Mañalich, ya que ahí podrían existir instrucciones que pudieran configurar los eventuales delitos que actualmente son materia de investigación. Así lo explica en la propia petición de incautación ante la justicia: “se observa un subreporte por la autoridad sanitaria sin que exista una explicación aparente para ello, atendido que la data oficial provenía desde una División del propio Ministerio. Más allá de los cuestionamientos que pueden provenir desde la prensa o desde distintas ONG, lo cierto es que, en este caso, la funcionaria encargada del procesamiento de la información es la que advierte de manera constante que el ministro Jaime Mañalich y su equipo no toman en consideración los antecedentes de propia elaboración y prefieren otros sin una aparente justificación técnica”.
Al sistema de recuento de casos de nuevos contagios y fallecidos que habría tenido Mañalich junto a su jefa de gabinete, también se refirió el actual jefe de Epidemiología del Minsal, Rafael Araos, en su declaración ante la Fiscalía. “El sistema que usaba el ministro, fuera cual fuera, no dio el ancho por lo complejo de la situación”, señaló, y agregó que él asumía que los datos que usaba el ministro eran de Epivigila, una plataforma en la que los médicos suben directamente los datos personales y diagnóstico de los pacientes que atienden cuando se trata de enfermedades infecciosas. “Pero no me hubiera extrañado encontrar 3 o 4 sistemas. Es lo que yo haría en todo caso, luego se queda el mejor. Pero mirando hacia atrás, sí me consta que Epidemiología generaba datos desde Epivigila”, añadió Araos.
En el Minsal, cercanos a Mañalich aseguran que desde el inicio de la crisis, Johanna Acevedo insistió en que para elaborar la estadística epidemiológica se usaran los datos de Epivigila. Sin embargo, recalcan que el sistema hasta mediados de mayo era muy frágil. “Era útil frente a brotes específicos, como lo ocurrido en San Pedro de la Paz con el caso de contagios asociados a la participación en un culto religioso, o en Chillán con un gimnasio, pero no dio abasto cuando el virus se expandió”, señalan en el entorno del ex ministro de Salud.
No incluye, por ejemplo, la información de los laboratorios sobre los resultados de los test de PCR, los que hasta hoy deben consignarse de manera paralela. Lo que fue generando desfases cada vez mayores.
El equipo de Epidemiología del Minsal, donde laboran cerca de 30 personas, eran conscientes de las debilidades del sistema y por lo mismo, solicitan al ministro crear una plataforma para la trazabilidad de los casos de contagio, coincidente con la exigencias que hacían los expertos. Sin embargo, no hubo respuesta desde la jefatura a esa petición.
Desde el inicio de la pandemia, Mañalich optó por centralizar la información en su gabinete y en su personal de absoluta confianza. Pero descartan que se hubiera montado un sistema paralelo, como presume la fiscalía. Simplemente, como la data interna no habría sido suficiente, aseguran, se incorporaban otras fuentes de información.
Todos los días, cerca de las 12 horas, dos horas antes de que Epidemiología le enviara la data sobre la situación del Covid, Linazasoro se comunicaba directamente con cada seremi, para pedirle el reporte de fallecidos por región. Primero era por teléfono, pero al poco tiempo se instruyó para que los seremis enviaran por correo electrónico los informes. Sobre la situación de casos nuevos de contagio, hay dos versiones. Los cercanos a Mañalich afirman que no se les pedía a los seremis esa información, pues era muy difícil para ellos levantarla. Acevedo, sin embargo, señala en su declaración a la Fiscalía que el Departamento de Epidemiología del Minsal debía enviar todos los días a los seremis la base de datos para que la chequearan y actualizaran.
Poco antes de las dos de la mañana, Linazasoro junto a sus asesores, a veces con el propio ministro, redactaban el reporte que sería dado a conocer al día siguiente. La única revisión previa a su difusión se hacía a las 8.30 horas en La Moneda, en el comité de crisis donde se evaluaban las medidas sanitarias que se iban tomando.
En lo que no hay opiniones distintas, es en el hecho de que la decisión inicial de Mañalich fue que los reportes estadísticos se hiciera sobre casos confirmados por PCR, lo que dejaba fuera a los portadores asintomáticos que no se habían controlados o a quienes pese a haberse hecho el test, estaban a la espera de su resultado.
El problema, señala Acevedo, es que la data fundada con casos de PCR positivos no sólo se usaba para los reportes públicos que se entregaban a la prensa, sino también a los miembros del comité asesor del Minsal para el control de la pandemia y los organismo académicos interesados en auditar la eficacia de las medidas que se estaban tomando.
Pese a que el Minsal tenía cifras propias mucho más completas, pues incorporaban otras variables, Acevedo dice que la instrucción de la autoridad sanitaria era sólo trabajar con la información pública que había elaborado el gabinete del ministro. Esto, pese a la presión que había de alcaldes, académicos y expertos tanto en epidemiología como un manejo estadísticos que exigían entregar datos desagregados por comunas y con un mayor nivel de detalles.
La presión de estos actores se intensificó a mediados de abril, luego que el gobierno comenzara a hablar de “nueva normalidad” y más tarde del plan de “retorno seguro” para ir retornando gradualmente a las actividades presenciales, tanto en colegios como laborales.
El 28 de abril, la subsecretaria Paula Daza señaló que “estamos llegando a una meseta de casos nuevos y de casos confirmados”, tras una semana de aparente estabilización en las cifras de los reportes públicos de la autoridad en unos 600 casos nuevos. Dos días después, el 30 de abril, eran 1.332 los casos nuevos de contagio notificados.
En el gobierno aseguran que se cometieron errores comunicacionales graves, entre ellos insistir en la nueva normalidad, hablar de salir a tomar un cafecito con lo amigos o hablar de meseta cuando se estaba frente a una curva ascendente. “La confusión inicial era grande, pero hay que entender que la información inicial, el conocimiento que había sobre el comportamiento del virus iba variando constantemente”, reconocen fuentes de gobierno.
En el entorno de Mañalich admiten que hablar de meseta fue un error, pero afirman que nunca hubo un esfuerzo por dar la sensación de que íbamos saliendo o que ya se había logrado estabilizar la situación. “En ese momento teníamos la información de lo que pasaba en Corea del Sur o Hong Kong, donde se habían estabilizado las cifras de contagio y luego comenzaban a caer. Nos vimos seducidos con la idea de que estábamos en la misma senda”, admite una fuente del equipo de Mañalich.
Pese a estos errores comunicacionales, desde el gobierno siguen defendiendo la gestión de Mañalich en la pandemia. “Generar acciones de carácter político, judicial, por eventuales errores, me parece que no hay sustento”, dijo el ministro del Interior, Víctor Pérez, el 22 de septiembre. Además remarcó que desde el principio de esta crisis “fue mejorando sustancialmente la entrega de información”.
En La Moneda siguen con inquietud el avance de estas querellas, las que se suman a la acusación constitucional que enfrenta el exministro de Salud, no tanto porque crean que pueden prosperar, sino por los efectos podría tener en los esfuerzos del Ejecutivo por consolidar un reconocimiento a los logros en la lucha contra la pandemia, como el fortalecimiento de la red hospitalaria y de camas críticas, o haber logrado en pocos meses pasar de tres a 120 laboratorios capaces de hacer test de PCR.
Asesores del segundo piso, incluso, han analizado lo que ha ocurrido en otros países, como España, Argentina, Suecia, Alemania, Holanda y Gran Bretaña, entre otros, pues aunque tomaron acciones diferentes, ninguno puede demostrar mejores resultados. En varios países, también se han presentado acciones legales en contra de las autoridades sanitarias, sin que éstas hayan avanzado.
¿Hubo instrucciones de no entregar la información que internamente se manejaba en el Minsal? Es una de las interrogantes que busca despejar el Ministerio Público. De hecho, aún no cita a ninguno de los tres imputados en espera de analizar lo que existe en esas casillas de e-mails institucionales que –según fallos de la Corte Suprema y el Consejo para la Transparencia- son públicos.
Quienes conocen de la indagatoria sostienen que la causa está mal caratulada y no debería llamarse “muertes por Covid”, sino “contagios por Covid”. Lo esencial del caso judicial, dicen las mismas fuentes, no son los fallecidos, una cifra que –sostienen- es muy lamentable, pero “los fallecidos no contagian”. Lo que se busca esclarecer por parte de la Fiscalía son las cifras de contagio y esclarecer si el Minsal no sabía o no quiso saber cuántas eran verdaderamente las personas enfermas por el coronavirus y portadores de la patología, es decir, personas activas que pudieran contagiar a otros. En ese sentido, la brecha de 30.000 contagios que había entre cifras internas y externas es un dato relevante porque, según han declarado expertos en la indagatoria, tal número tendría incidencia epidemiológica. Las diligencias preliminares establecieron que había comunas con 500 contagiados activos más de lo que reconocía el ministro Mañalich en sus reportes, y esa cifra sería fundamental para detener el contagio. De ahí que para el Ministerio Público el testimonio de Acevedo se volvió clave. Ella, además, es quien envía –según su testimonio- información sobre factores de vulnerabilidad socio-demográficos de las comunas, otro antecedente para determinar si existen o no delitos asociados a la conducta de la autoridad sanitaria.
Los ilícitos que pesquisa el Ministerio Público, según los escritos que ha presentado, el que prima es un eventual cuasidelito de homicidio. Las reglamentaciones infringidas, principalmente, tendrían que ver con aquellas de “preparación y respuesta a la pandemia de la influenza AH1N1 de la OMS” que se hizo luego aplicable al Covid. En este plan, obligatorio para los países que suscribieron el reglamento sanitario internacional, los Estados -entre ellos Chile- se comprometieron a actuar de una forma determinada, obligando incluso a la transparencia de entrega de datos e involucramiento de la comunidad científica.
El avance del caso, como suele suceder en este tipo de investigaciones, dependerá de los hallazgos y testimonios que se entreguen al Ministerio Público. Lo principal, dicen fuentes consultadas, es si se encuentran evidencias de que Mañalich ocultó o falseo información, ya que la mala implementación de una política pública no es delito. “Tampoco la soberbia”, dicen otros de los consultados. Todo está en manos ahora de la Corte Suprema que decidirá si la Fiscalía podrá o no acceder a los correos que grafican los meses más duros de la pandemia al interior del gobierno.
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