Por Óscar Contardo, periodista
Hay maneras de transformar la realidad en un material resbaloso, inasible, como cuerpos muertos que, después de permanecer sumergidos en el agua, adquieren la consistencia del jabón. A través de los discursos y las palabras, los hechos son sometidos a un tratamiento que les hace perder definición y ablanda sus contornos. Por ejemplo, si a una persecución policial se le llama “enfrentamiento”, lo que se está sugiriendo es que existen dos partes en pugna y no un grupo de manifestantes desarmados escapando de agentes premunidos de armas de fuego; algo similar ocurre cuando en lugar de usar la palabra “corrupción” alguien prefiere usar el término “irregularidades”, recortando los aspectos más profundos del fenómeno en curso. Cada enroque de palabras significa una decisión de echar sombra sobre una pista que puede conducirnos hasta una puerta que nadie había querido abrir, porque hacerlo significaría aceptar una podredumbre fétida sobre la que descansa en gran medida nuestra tranquilidad.
Algo así sucedió en 2016, cuando las autoridades del momento a cargo del Sename aseguraron que Lissette Villa, la niña encontrada sin vida en un centro de internación, había muerto fruto de una “descompensación”. El Servicio Médico Legal, sin embargo, constató que falleció asfixiada producto de una acción mecánica externa, es decir, alguien la había presionado tan fuerte contra el suelo, que se le hizo imposible respirar. Enfrentar la verdad sobre el Sename nos obligó a reconocer que los registros y denuncias del horror existían desde hace años, solo que hasta ese momento a muy poca gente parecía haberle importado lo que allí ocurría. La razón para ignorar el espanto era simple: quienes lo sufrían eran niños y niñas pobres. Más que personas, eran “stock”, como dijo una ministra de la época. La indignación de la opinión púbica cundió. Como suele pasar en estos casos, se formaron comisiones de alto rango, se diseñaron proyectos y se anunciaron reformas. Llegó un nuevo gobierno que anunciaba que durante su gestión los niños estarían primero, sin especificar si se refería a todos ellos o solo a algunos.
Esta semana, un grupo de muchachos de un hogar de Talcahuano vinculado al Sename fue baleado por carabineros. Para el Presidente Sebastián Piñera se trató de un “accidente”, es decir, algo parecido a volcar la taza de café. Lo dijo como parte del elogioso discurso pronunciado para despedir al general director de Carabineros, Mario Rozas, quien se vio obligado a renunciar después que las imágenes de los niños heridos circulara por las redes sociales. Por un lado los hechos, por el otro la versión enjuagada y jabonosa de ellos.
El subrecretario del Interior, Juan Francisco Galli, en tanto, dio una entrevista en la que explicó que era necesario conocer las circunstancias que explicarían que un carabinero “se viera en la necesidad de hacer uso de su arma de fuego” en contra de adolescentes desarmados. No hay que pensarlo mucho para encontrar una respuesta: eran muchachos pobres, por lo tanto, daba lo mismo dispararles, atropellarlos o lanzarlos de un puente. Total, siempre cabe pensar que algo habrán hecho para merecerlo.
Según el informe de la Defensoría Nacional de la Niñez, desde octubre de 2019 se han reportado 818 casos de violencia estatal contra niños, niñas y adolescentes, más del 92 por ciento ejecutados por carabineros. Asimismo, la mitad de las vulneraciones tuvo lugar mientras estaban bajo resguardo del Sename. Dos instituciones en crisis profunda confluyen y arrastran consigo en su descalabro a los chilenos y chilenas más desamparados, arrojándolos a un futuro sin horizonte. Tanto para el Sename como para Carabineros el gobierno ha anunciado cambios -“modernizaciones”- que los expertos han cuestionado, porque no hacen más que sacudir el amoblado en uso y cambiar los tapices de salones carcomidos por la podredumbre desde sus bases hasta sus vigas. Sin reformas estructurales todo seguirá igual, aseguran quienes han investigado el tema. ¿A quién le conviene que esto no cambie?
Aún resta más de un año para finalizar el período de gobierno, y pese a todo lo ocurrido, las autoridades al mando continúan con la estrategia de remojar en agua jabonosa las circunstancias, a vista y paciencia de un auditorio que ya se conoce los trucos discursivos de memoria. Lejos de tranquilizar, las maromas incrementan la irritación. Parafraseando las declaraciones del propio subsecretario Galli, el gobierno no acaba de adaptarse a un escenario en donde “ya no se pueden ocultar más los abusos”. Pero el problema real no es que los abusos queden en evidencia, sino que se sigan cometiendo, que no tengan castigo y se insista en llamarlos de otro modo, contribuyendo, de paso, a que el último tramo de gobierno resulte aun más resbaladizo de lo que ha sido hasta ahora una presidencia de pesadilla.