Se nos apaga Chile: Entre la precariedad del servicio y los trabajadores precarizados

Por María Fernanda Villegas A./  Directora de Proyectos, CETRA

Chile es país de contradicciones y desigualdades  que se ahondaron en el periodo de dictadura, muchas de las cuales  se han mantenido aún en democracia por cobardía, corrupción o capitulación. Por lo mismo, un sector hace esfuerzos importante por echar tierra en el pasado  y hacer sistemáticos llamados a mirar hacia adelante en diversas materias. Sin embargo, todos los días  surgen los oscuros efectos que dañan a millones de chilenos y chilenas  de un  modelo y de una institucionalidad creada desde la ilegitimidad ética y política. Ejemplos abundan: privatizaciones  de servicios básicos entre gallos y medianoche que hicieron millonarios a unos pocos y dejaron en la inermidad a los usuarios, normas y leyes que entregaron bienes esenciales al manejo de unos pocos, la implantación de un sistema  de seguridad social  que no cumple su sentido último de proteger, un modelo de relaciones laborales que institucionaliza la asimetría entre las partes,  por mencionar algunas de las emblemáticas cicatrices sociopolítica que nos deja la historia reciente.

En este marco, el último apagón fue la gota que rebalsó  el vaso. A mediados de julio 390.000 hogares llegaron a quedar sin servicio de electricidad, de ellos miles por varios días. Este hecho se sumó al corte del 16 de junio pasado, también sufrido  en la zona central  controlada por  CGE y  ENEL, al del 4 de marzo que en la región de  Atacama dejó a casi 95 mil hogares a oscuras y al año nuevo a la luz de la velas que vivieron gracias a Emelat las ciudades de Huasco y Freirina. Parecido panorama  corre para las suspensiones de servicios de agua potable registrados  tras las  lluvias este y el año pasado en la Región Metropolitana  o las constantes roturas de matrices en la Región de Valparaíso.  Reiterados episodios críticos que ponen en tela de juicio la capacidad operativa de  las empresas privadas responsables de dichas prestaciones, que tiende  un manto de dudas, más que razonables, sobre la escasa inversión en mantención y modernización de estos sensibles  sistemas y que culmina con una relación precio –calidad que no se compadece con las benevolentes encuestas de satisfacción que hace nuestro sistema de fiscalización expresado en las Superintendencias respectivas.

Hablamos de un sector económico, el de suministros de electricidad, gas y agua  que se caracteriza  por una alta precarización de la mano de obra, donde el  46,8% del  personal  es tercerizado (según DT para el año 2015), aunque dirigentes sindicales hablan de hasta un 80% de subcontratos en el sector, lo que constituye un modo de gestión centrado en ahorro de costos operacionales.  Las declaraciones de Jorge Gómez, del   Sindicato N°1 de Enel ponen de manifiesto esta arista “hoy día la continuidad y la calidad del servicio está en la palestra, pero lo que nosotros siempre planteamos a las autoridades, era la situación de los trabajadores, las condiciones laborales… más que la situación de continuidad de servicio, que en ese momento no era tema”

En el rubro en cuestión, el personal con que cuentan las empresas difícilmente puede garantizar sus derechos colectivos. La tasa de sindicalización alcanza  al 18.7 %, reunidos en 146 organizaciones  activas y cuentan con 46 instrumentos colectivos, de los cuales sólo 28 son contratos propiamente tal (otros 18 son convenios) los que involucran a menos de cinco mil trabajadores.  Sabrá dios que responsabilidad, condiciones laborales, tipos de jornada, dotaciones y remuneraciones tendrán quienes se desempeñan en la cadena de servicios, como para realmente estar en condiciones de garantizar servicios de calidad a la población y actuar eficazmente en emergencias.

Respecto a los actores involucrados, las reacciones fueron más bien las esperadas. Empresas mudas o con tibias declaraciones de mandos medios, instituciones fiscalizadoras con una fuerza disminuida. Regidas por pobres marcos de acción y carencia del personal necesario para las tareas. Actores  políticos -del sector que sean – silentes en esta coyuntura, con excepción de algunos ediles, (uno de los cuales aprovecho para mostrar la veta populista llevando a afectados símbolos a pernoctar a un conspicuo Hotel). Claramente candidatos y no candidatos han tenido condescendencia,  falta de opinión rotunda y propuesta en un tema tan relevante como la actuación de la empresa privada respecto  a la prestación de los servicios regulados y esenciales que la población requiere.

Pero lo que más abisma y no deja de sorprender es nuestra infinita paciencia… que ya dejo de ser ardiente. Es la paciencia del agobio y la costumbre. Porque seamos francos, lo que hemos tenido en estas ocasiones como respuesta social son reclamos  individuales telefónicos o ante SERNAC y tibias movilizaciones  en lugares  puntuales,  que para el último episodio  fueron televisadas más bien como  manifestaciones atípicas por desarrollarse en Las Condes o Ñuñoa que por constituirse en una  acción de protesta de cierta envergadura, con liderazgos claros.

Resulta evidente de que nuestra calidad de clientes y consumidores sobrepasa a la figura del ciudadano. Fruto de ello es el tratamiento de estos hechos centrado sólo de la búsqueda de compensaciones económicas. Cabría tal vez  recordar que estamos hablando de seguridad nacional, de salud, de economías domésticas, de trabajo y no sólo de consumo.

Por lo mismo situar el problema sólo es la administración o la gestión, es insuficiente. Se trata de una concepción donde los servicios públicos son considerados bienes de consumo, para lo cual se creó un marco regulatorio ad hoc que deja desprotegida a la ciudadanía. Mientras, las empresas nunca y en ninguna circunstancia normal o de fuerza mayor dejan de ganar a manos llenas, como evidencian los resultados del  sector eléctrico para el 2016 que elevó 8,05% sus ganancias respecto del año  2015.

Problema también es, el de una ciudadanía que no tiene articulación de respuestas colectivas poniendo el dedo en la llaga al recordandonos la falta de representación y sintonía que  las organizaciones políticas y sociales tienen con la ciudadanía.

Lo ocurrido amerita tomarse más en serio. El no dar vuelta la página para mirar adelante, sino  más bien hay que volver a mirar atrás, leer  con atención y corregir, para devolver el bien común al lenguaje y a la acción.

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