En diciembre del año pasado, luego de la segunda vuelta presidencial que dio como ganador a Gabriel Boric, de inmediato se empezó a especular sobre los nombramientos que, por su nuevo cargo, le correspondía otorgar, más allá de los cargos de confianza exclusiva que componen el Poder Ejecutivo, como ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, y seremis.
El último episodio estuvo protagonizado por la fallida nominación a fiscal nacional de José Morales, cuya nueva quina se definirá este martes 6 de diciembre a partir de las 13.30 horas por la Corte Suprema, donde se votará para completar la quina de aspirantes al cargo.
En cuando a los cargos restantes por definir, un análisis realizado por el estudio Osorio Vargas & Abogados -y amplificado por La Tercera– tras el triunfo de Boric en los comicios, detalló que al menos en el primer año de gobierno serían 20 los funcionarios de alto rango que debían ser designados por el nuevo Presidente, con la venia de parte del Senado, la Corte Suprema o de manera unilateral.
Considerando el período de cuatro años del presidente Boric, su administración debería nombrar a 72 autoridades del aparato público que cumplen funciones regulatorias, judiciales y en las Fuerzas Armadas.
En marzo, el mandatario tuvo que designar a dos nuevas ministras del Tribunal Constitucional (TC) -Nancy Yáñez Fuenzalida y Daniela Marzi Muñoz-, quienes reemplazaron a los ex presidentes de la instancia Iván Aróstica y María Luisa Brahm, al vencer el periodo de ocho años por el que fueron nombrados. Lo anterior, bajo la potestad presidencial de nominar directamente a abogados de su confianza, ya que los otros cupos son designados por el Congreso y la Corte Suprema.
En su administración, Boric debería nombrar a 72 autoridades del aparato público que cumplen funciones regulatorias, judiciales y en las Fuerzas Armadas.
En el caso de la Corte Suprema también ya comenzaron los cambios.
En marzo, tras cumplir 75 años, la ministra Rosa Egnem dejó su cargo, dado el límite de edad legal para sus funciones. Así, fue deber del gobierno nombrar a su sucesora, lo que se concretó en octubre con la designación de María Soledad Melo. Este proceso requiere de una propuesta de parte del máximo tribunal de una quina de cinco candidatos, ante la cual Boric deberá proponer un nombre al Senado, y este, a su vez, deberá aprobarlo por dos tercios de sus miembros.
Aún está pendiente el reemplazo de Guillermo Silva, quien cumplió el límite legal de edad el pasado 8 de noviembre.
En 2023 los ministros Haroldo Brito y Jorge Dahm -quien además es integrante del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel)- también abandonarán el máximo tribunal por cumplir la edad límite del cargo. Entonces, la administración Boric deberá participar en estas designaciones.
En 2024, en tanto, jubila Juan Eduardo Fuentes, el presidente electo de la Corte Suprema, que asume en marzo. Y, un año después lo hará María Teresa Letelier, quien es parte del grupo de once magistrados que fueron nombrados en el máximo tribunal durante las dos administraciones de Sebastián Piñera.
Asimismo, en 2023 dejará el cargo la fiscal de la Corte Suprema Lya Cabello. Su designación es con el mismo sistema de los nombramientos del máximo tribunal, pues intervienen los tres poderes del Estado.
Cabe señalar que históricamente las designaciones de supremos se han «cuoteado» según las fuerzas políticas presentes en el Senado, lo que -en términos prácticos- implica que los distintos sectores acuerdan criterios de nombramiento de jueces por sensibilidades políticas, en un sistema informal de turnos.
En suma, se trata de cinco supremos y el fiscal de esta alta corte.
Cabe señalar que históricamente las designaciones de supremos se han «cuoteado» según las fuerzas políticas presentes en el Senado, lo que -en términos prácticos- implica que los distintos sectores acuerdan criterios de nombramiento de jueces por sensibilidades políticas, en un sistema informal de turnos.
Por ejemplo, Sebastián Piñera siguió esta lógica cuoteando entre candidatos favoritos entre Chile Vamos y la Nueva Mayoría. Así, durante su primer gobierno realizó cuatro nombramientos que aún integran la Corte Suprema: los ministros Juan Eduardo Fuentes y Ricardo Blanco y las ministras Andrea Muñoz y Gloria Ana Chevesich.
En su segundo gobierno, entre 2018 y 2021 nombró en la Corte Suprema a distintos integrantes que coincidieron en su etapa presidencial. Entre ellos, Ángela Vivanco (2018), Mauricio Silva (2019), María Angélica Repetto (2019), Leopoldo Llanos (2019), Adelita Ravanales (2020), Mario Carroza (2020), María Teresa Letelier (2021) y Jean Pierre Matus (2021),
Ya en ese entonces había fricciones dentro de las coaliciones y vetos cruzados, en un Congreso menos fraccionado que el actual, por lo que es previsible que no será fácil armar acuerdos generales para el conjuto de nombramientos que deberá hacer Boric en su periodo, si es que se considera la experiencia fallida del nombramiento del Fiscal Nacional, que emplea el mismo método.
Quién será el Contralor
A su vez, otro de los puestos clave que tendrá que decidir el gobierno el próximo año será el nuevo Contralor General de la República. El 17 de diciembre de 2023 expira el plazo en que ejerce sus funciones el abogado Jorge Bermúdez, quien asumió en 2015. El nombre del nuevo jefe del ente fiscalizador es una facultad del presidente, pero debe contar con el respaldo de tres quintos del Senado.
En los últimos años la Contraloría ha jugado un rol clave en la transparencia de los actos administrativos de las distintas autoridades del país, y supone un efecto fiscalizador anti-corrupción de gran magnitud. El nombramiento es sensible, pues las autoridades deberán decidir qué abogado tendrá autoridad fiscalizadora sobre sus actos.
Esa misma votación -tres quintos de los senadores- requerirá la renovación de dos de los cupos que se generarán en el Tribunal Ambiental por las vacantes que dejaron los ministros Alejandro Ruiz y Mauricio Oviedo, respectivamente. Previamente, la Corte Suprema envía una quina al Presidente de la República, y luego que elija un nombre, se envía al Senado (ver artículo “Gobierno lleva meses sin decidir nombres para tribunales ambientales de Santiago y Antofagasta” de INTERFERENCIA).
Cabe señalar que sobre estos magistrados se ejerce fuertes presiones por parte de grupos de interés, los cuales realizan intenso lobby con el propósito de asegurar nombres que den ciertas garantías a las inversiones.
Asimismo, Boric debe realizar otros dos nombramientos en el Consejo de Defensa del Estado (CDE), órgano colegiado interno que, en uso de sus atribuciones legales, resuelve accionar judicialmente o asumir la defensa de los entes públicos. El primero será en abril de 2023, cuando deje la presidencia del organismo el abogado Juan Antonio Peribonio, a quien nombró Piñera y seguirá en el CDE. El mandatario debe designar, de manera unilateral, al nuevo presidente del CDE de entre los 17 consejeros que integran el organismo.
Otro de los puestos clave que tendrá que decidir el gobierno el próximo año será el nuevo contralor general de la República. El 17 de diciembre de 2023 expira el plazo en que ejerce sus funciones el abogado Jorge Bermúdez, quien asumió en 2015.
El segundo ocurrirá en 2025, pues con la salida de Jaime Varela, Boric deberá designar a su reemplazo en el Consejo. Cabe recordar que el CDE está compuesto por doce abogados consejeros, designados por el Presidente de la República, que son inamovibles en sus cargos hasta cumplir los 75 años de edad. De manera extraordinaria, sólo pueden ser removidos con el acuerdo del Senado.
En cuanto a las Fuerzas Armadas, Boric también debe decidir el futuro de algunos de sus altos mandos.
Por ejemplo, de los cinco oficiales generales de mayor antigüedad, recientemente en su atribución presidencial nombró a Hugo Rodríguez González como el nuevo comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, cargo que ocupó anteriormente Arturo Merino, hijo del primer jefe de la Fuerza Aérea, el comodoro Arturo Merino Benítez.
Lo mismo deberá ocurrir en junio de 2025, cuando Boric deberá optar por el sucesor del comandante en jefe de la Armada, cargo que actualmente ocupa Juan Andrés de la Maza.
En la misma línea, en noviembre de 2024 será el turno de cambiar al actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien ejerce este cargo desde noviembre de 2020. Esto siempre y cuando el actual mandatario no decida solicitar antes su renuncia, ya que es una posición de su exclusiva confianza.
Fuente: Interferencia