Por Noam Titelman y Juan Ignacio Latorre/ Coordinador de Contenidos Directiva Nacional y Coordinador laboral Revolución Democrática
Las pensiones actuales son extremadamente bajas y no se podrán mejorar si se sigue sosteniendo una estructura en la que los riesgos se asuman individualmente, con falta de solidaridad intergeneracional.
El sistema privatizado de administración de fondos de pensiones (AFP) vía capitalización individual fue creado durante la dictadura cívico-militar por el entonces ministro de Trabajo José Piñera (el mismo del Plan Laboral), mediante el Decreto Ley N° 3500 de 1980. El objetivo central de la privatización del sistema de pensiones era crear un robusto mercado de capitales que ofrezca una vía de financiamiento barato a las grandes empresas (también privatizadas de manera irregular) debido a las restricciones de crédito del sistema financiero.
Para ello era fundamental contar con el ahorro forzoso de millones de trabajadores asalariados, contribuyendo con su precaria situación laboral al enriquecimiento y acumulación capitalista de los grandes grupos económicos, reproduciendo e incrementando, por tanto, las desigualdades sociales entre capital y trabajo en Chile, asimismo las desigualdades de género, ya que el sistema es especialmente injusto con las mujeres.
Hoy las AFP acumulan fondos por más de 150.000 millones de US$ y tienen afiliados a 9,5 millones de personas. Una buena parte de los propietarios de estas empresas son multinacionales extranjeras vinculadas al negocio de las compañías de seguro y a la especulación financiera internacional, las mismas que en el último tiempo han emprendido fusiones creando nuevas AFP “de papel” con el solo objetivo de eludir cientos de millones de US$ en impuestos que deja de percibir el Estado, gracias a una ventana que les dejó abierta la “cocina” de la reforma tributaria.
A 25 años de recuperada la democracia política representativa, los grandes grupos económicos siguen teniendo este mecanismo de financiamiento barato, pero además cuentan con acceso al crédito en el sistema financiero nacional e internacional, por tanto, no se justifica seguir manteniendo este sistema extremadamente mercantilizado. Nuevamente en esto Chile es una excepción a la tendencia mayoritaria de los países denominados desarrollados (OCDE) o en vías de desarrollo, donde lo que predomina son arquitecturas de Seguridad Social mixtas o completamente de reparto, con sistemas públicos en que prima la solidaridad intergeneracional por sobre la lógica individualista para abordar los riesgos colectivos (invalidez, vejez, enfermedad, viudez, etc.). La capitalización individual es solo una alternativa voluntaria de ahorro complementario para los grupos minoritarios de altas rentas.
En una siguiente etapa, a mediano y largo plazo, cuando las organizaciones de trabajadores y las diversas fuerzas a favor del cambio social decidamos movilizarnos con sentido unitario por estas transformaciones estructurales y cambiemos la actual correlación de fuerzas políticas, podremos evaluar la implementación completa de un sistema público de reparto basado en un pacto de solidaridad intergeneracional y de acuerdo a los principios universales de Seguridad Social según la OIT.
Las AFP no gozan de buena imagen entre la población chilena. Estudios serios con muestras representativas a nivel nacional y bajo margen de error, muestran que el 80% está a favor de cambios profundos, y un 80% de la ciudadanía prefiere que el Estado se haga cargo del sistema de pensiones (PNUD 2015). Asimismo, un 66% piensa que las bajas pensiones son responsabilidad de las AFP y un cambio total al sistema ayudaría a mejorarlas, un 64% piensa que el Estado debe hacerse cargo de las pensiones a través de impuestos (Estudio de percepción Comisión Bravo, 2015).
En este escenario, se hace muy necesario abrir un debate nacional de carácter social, democrático y, por tanto, político, no solo entre especialistas y técnicos, para definir un sistema de Seguridad Social moderno para el siglo XXI, que aborde los desafíos que tenemos en términos de envejecimiento de la población (cambios demográficos), mercado de trabajo (precarización y desigualdad), necesidad de financiamiento para un nuevo modelo de desarrollo productivo descentralizado (criterios de inversión de los fondos de pensiones) y responsabilidad fiscal en un contexto de restricción económica (contexto internacional de volatilidad financiera). Las pensiones actuales son extremadamente bajas y no se podrán mejorar si se sigue sosteniendo una estructura en la que los riesgos se asuman individualmente, con falta de solidaridad intergeneracional.
Lo más sensato, dada la actual correlación de fuerzas políticas, es comenzar a transitar gradualmente hacia un sistema mixto que incorpore centralmente un componente correspondiente a un seguro social, capaz de diversificar la distribución de los riesgos a los que actualmente se ven expuestas las personas afiliadas. Así, el sistema se transformaría estructuralmente, fortaleciendo en intensidad protectora y cobertura el pilar solidario estatal no contributivo, introduciendo un pilar de reparto contributivo con aporte tripartito administrado por el Estado y regulando de mejor manera el pilar de capitalización individual, especialmente en lo que se refiere al cobro de comisiones. Además, con la aprobación de una AFP estatal que entre a competir con las privadas por la administración de los fondos, buscando afiliar masivamente a las grandes mayorías populares y capas medias quitándoles mercado –y, por tanto, poder– a las privadas.
Según un estudio de opinión y percepción del sistema de pensiones (Comisión Bravo, 2015) un 80% está de acuerdo con esta medida y un 70% estaría dispuesto a cambiarse. Esta AFP estatal, con participación de los trabajadores en el gobierno corporativo, debería explorar vínculos de colaboración con Corfo y Banco Estado para invertir los fondos en fomento productivo nacional (no especulación financiera internacional) con el objetivo de generar trabajo decente en Chile, incorporando también criterios de sustentabilidad, desarrollo local y transparencia en las inversiones. Esto es parte del rol social que deberían tener todas las AFP y en general los fondos de pensiones. Las inversiones en el sistema financiero internacional no necesariamente se traducen en desarrollo productivo nacional, equitativo y sostenible.
En una siguiente etapa, a mediano y largo plazo, cuando las organizaciones de trabajadores y las diversas fuerzas a favor del cambio social decidamos movilizarnos con sentido unitario por estas transformaciones estructurales y cambiemos la actual correlación de fuerzas políticas, podremos evaluar la implementación completa de un sistema público de reparto basado en un pacto de solidaridad intergeneracional y de acuerdo a los principios universales de Seguridad Social según la OIT. Además de explorar otras alternativas de autogestión cooperativa y mutualista en la propiedad y administración de los ahorros previsionales, estableciendo todo un sistema nuevo de democratización de los fondos de inversión a niveles nacional y regional.
Pero para conseguir eso se requiere una Nueva Constitución definida mediante Asamblea Constituyente, para que deliberemos democráticamente sobre un nuevo modelo de desarrollo al servicio del bien común de Chile en este siglo XXI.
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