El 1 de abril empieza la implementación de la nueva normativa que establece de manera progresiva que las entidades públicas y privadas que cuenten con 100 o más trabajadores deberán reservar el 1% de sus puestos de trabajo para contratar a personas con discapacidad. La iniciativa -cuyos reglamentos se publicaron a inicios de febrero- es vista como un avance, pero el aterrizaje de su aplicación aún despierta dudas en las organizaciones dedicadas al tema.
Un antes y un después se producirá en la regulación del mercado laboral desde el próximo 1 de abril. En esa fecha comienza a regir -en una primera etapa para las empresas privadas e instituciones del sector público con más de 200 trabajadores- la Ley de Inclusión Laboral, que establece una cuota de empleos del 1% de la dotación para personas discapacitadas.
La norma señala que las firmas de entre 100 y 199 empleados tienen un año más para cumplir la reserva legal del 1%. Es decir, recién en abril de 2019 les será aplicable la cuota.
A inicios de febrero se publicaron los reglamentos que fijan los parámetros, procedimientos y elementos para cumplir con las obligaciones de la ley. La idea del Gobierno era que los decretos se publicaran a inicios de diciembre para que la norma partiera en febrero. No obstante, tras observaciones de la Contraloría se retrasó su despacho y, por ende, se postergó para abril la implementación.
Pese al amplio debate tanto en el Congreso como en el proceso de dictación de los reglamentos, las organizaciones vinculadas a la sociedad civil que trabajan en inclusión laboral y discapacidad mantienen aprensiones sobre el aterrizaje de la norma, a poco más de un mes de que empiece su puesta en marcha.
“El reglamento publicado en el Diario Oficial se ajusta al espíritu de la ley de inclusión laboral. No obstante, hemos recibido diferentes inquietudes desde las organizaciones de la sociedad civil y empresas, respecto a cómo se van a generar los apoyos necesarios para brindar condiciones de igualdad y desarrollar procesos de inclusión laboral sostenibles”, advierte Carola Rubia, directora ejecutiva de Fundación Descúbreme.
María José Escudero, directora ejecutiva de Fundación Ronda, explica que para que las empresas y el sector público puedan acreditar la condición del trabajador, las personas con discapacidad deberán tener una pensión de invalidez o bien contar con el Registro Nacional de Discapacidad que dicta la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin). A partir de ello, advierte que de acuerdo a datos oficiales sólo 8% de las casi tres millones de personas con discapacidad tiene esa certificación. “Esto genera una total complejidad de cara a los requerimientos de la ley. ¿Cómo apoyarán a las empresas que requieren cumplir con la ley en educar respecto al proceso, agilizando y facilitando la tramitación para los postulantes a estas empresas, o bien a las personas con discapacidad que hoy trabajan en la organización sin esta acreditación?, ¿se han reforzado las oficinas de Compin en todo Chile considerando que debiese aumentar la demanda por la obtención de la certificación?”, se pregunta Escudero.
Sofofa es otra de las instituciones privadas que no quedó conforme con la nueva ley y acusa vacíos y problemas en su implementación.
El ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, se hizo cargo de las principales críticas, señalando que tanto el reglamento del sector público como el del privado contemplan mecanismo de supervigilancia y fiscalización de los objetivos de la ley.
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