Por Daniel Matamala
“Son los bancos los que en Chile tienen la dirección de la política”, decía en 1901 el diputado liberal Alfredo Irarrázaval. “Ese es el sistema imperante en Chile, pues. Yo te quiero ver a ti pidiendo más cosas para manejar a los bancos, qué te van a decir”, coincidía 111 años después el expresidente Ricardo Lagos.
Hoy, otra vez los bancos reciben la llave del poder. El gobierno anunció la entrega de créditos con aval del Estado por 24 mil millones de dólares a través del sistema financiero, para salvar a las empresas en riesgo de quiebra por la cuarentena.
Las condiciones son un paraíso para la banca: el Banco Central les entrega dinero a un interés de 0,5%, el Fisco avala entre el 60% y el 85% de los préstamos, y además las autoridades eliminan una serie de regulaciones dando más libertad a la banca. ¿A cambio de qué? El exsuperintendente de Pensiones Álvaro Gallegos alerta que “por todos estos beneficios directos a su patrimonio, la banca no paga costo alguno ni asume ninguna obligación social en contrapartida”. “La pelota ahora la tienen los bancos”, reconoce el ministro de Economía.
Pues bien, la historia reciente entrega algunas lecciones sobre cómo han jugado con la cancha libre.
En 2000 y 2001, el Banco Central redujo fuertemente las tasas de interés para reactivar el país tras la crisis asiática; pero en muchos casos los bancos, en vez de traspasar esa baja a sus clientes, aumentaron su margen, lo que llevó a que, según el economista Eduardo Engel, “más de un analista los acusara de haberse coludido”.
En 2011, la Superintendencia de Bancos calculó que esas entidades traspasaban a sus clientes de créditos de consumo apenas el 20% de las bajas de interés del ente emisor. “No hay una explicación razonable”, decía entonces el presidente del Central, José de Gregorio.
Sobre la garantía fiscal, tenemos el recuerdo de un anterior Crédito con Aval del Estado, el infame CAE. El académico Patricio Meller calcula que este entregó a los bancos un retorno de UF+18% “por una inversión prácticamente sin riesgo”. Según confesaría años después el expresidente Lagos, “hubo una colusión seguramente de bancos y cobraron 6%, con aval del Estado. Eso no puede ser”.
La situación llegó a un absurdo tal, que en 2009 al Estado le hubiera salido más barato pagar directamente el arancel de referencia de los estudiantes, en vez de dejarlos endeudados con la banca. Pero no pudo hacerlo: la ley CAE se lo prohibía. El Estado se ató de manos ante los bancos, “como le sucede a cualquier vendedor al que le urge vender, y el resultado de ello son precios inflados”, según analizaría luego un informe del Banco Mundial.
Tampoco en el ámbito de la responsabilidad ante esta crisis hay demasiadas razones para el optimismo. En las últimas semanas, los bancos europeos han suspendido la repartición de dividendos entre sus accionistas. La razón es clara: mientras más dinero se lleven los dueños, menos capital tienen los bancos para entregar créditos.
En Chile, sólo en 2019, la banca ganó 3.403 millones de dólares, 16 veces lo que el Estado está gastando en el bono a trabajadores informales afectados por la crisis. Pese a estas fabulosas ganancias, una petición similar de las autoridades (reducir la repartición al mínimo de 30%) sólo ha sido acatada por cuatro bancos. Los demás siguen adelante con sus planes de entregar a sus dueños cifras que llegan hasta el 100% de las ganancias, en medio de la peor crisis económica del siglo.
Esta semana, la vocera de gobierno recordó que “en algún momento los bancos requirieron ayuda del Estado”. En 1983, el Fisco (o sea, la plata de todos nosotros) rescató a la banca para evitar el colapso del sistema financiero. Los bancos habían hundido a la economía con prácticas irresponsables y, en algunos casos, delictuales. Pero, mientras millones de chilenos se ahogaban en el 25% de desempleo, el PEM, el POJH y el zarpazo al 10,6% de las pensiones de los jubilados, la banca recibía un salvavidas lleno de intereses cruzados entre autoridades y banqueros: el biministro que intervino la banca venía de ser director del Banco de Chile.
Se suponía que los bancos no podrían repartir utilidades a sus dueños hasta pagar el total de esa “deuda subordinada” al Estado, pero una comprensiva serie de leyes, resoluciones y fallos, hasta del Tribunal Constitucional, les permitió volver a lucrar mucho antes de pagar su deuda (el Banco de Chile recién terminó de pagar su deuda en 2019, 36 años después).
El ministro de Hacienda pide que en este plan de emergencia “no haya ganancia, que no sea un negocio de los bancos”. Pero el exsuperintendente de Bancos en el primer gobierno de Piñera, Raphael Bergoeing, advierte que “ninguna política pública puede basarse en la buena voluntad de los actores privados que maximizan sus beneficios”.
Esta vez, por cierto la banca no es la culpable de la crisis. Al revés, tiene la gran oportunidad histórica de ser parte de la solución. ¿Lo hará, o, una vez más, seremos testigos de cómo funciona “el sistema imperante” en Chile?