Las caras de sorpresa de la mayoría de los ministros presentes fue evidente. El lunes 25, ya terminaba la cita de coordinación del comité de crisis -instancia en la que se analizan las estrategias para enfrentar la pandemia del Covid-19- cuando el Presidente Sebastián Piñera tomó la palabra y anunció a los integrantes del comité político -Gonzalo Blumel (Interior), Karla Rubilar (Segegob), Felipe Ward (Segpres), Ignacio Briones (Hacienda) y Sebastián Sichel (Desarrollo Social)- que “hoy día voy a convocar a un gran acuerdo”.
Lo que vino después fue vertiginoso. El Mandatario y sus ministros comenzaron a resolver rápidamente cómo se llevaría adelante el anuncio, que pilló desprevenidos a varios de los asesores del gobierno y a toda la dirigencia de Chile Vamos, que se enteró solo unos minutos antes de los planes presidenciales.
Piñera se sumó a la reunión del comité político ampliado -instancia en la que participan los principales dirigentes del oficialismo- y les comunicó su decisión, la que concretó poco después, en el Patio de Los Naranjos de La Moneda, en una actividad programada para promulgar la ley que reduce la dieta de autoridades.
“Prepararnos para que la reactivación de nuestra economía y nuestra capacidad para volver a ponernos de pie sea una reacción y una capacidad firme y clara merece un gran acuerdo nacional”, dijo ese día Piñera, asumiendo un rol protagónico en la búsqueda de este consenso.
Aunque el anuncio mismo fue imprevisto, la idea de impulsar conversaciones con la oposición venía rondando en la cabeza del Presidente hace semanas. De hecho, su intención inicial era anunciarlo en la cuenta pública del 1 de junio, pero ésta finalmente fue postergada debido a la pandemia. Piñera, incluso, durante el fin de semana previo al anuncio, encabezó múltiples reuniones y diálogos con distintos personeros para recoger opiniones. Esto, en un escenario en que Blumel, Briones y el subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere), Claudio Alvarado, venían hace cerca de un mes tanteando el terreno con la oposición y sosteniendo diálogos para ver si había piso para realizar una convocatoria de este tipo.
“A lo que he estado abocado desde el primer día ha sido a construir puentes de diálogo y acuerdo entre el gobierno y la oposición, pero también con distintos actores sociales para enfrentar las grandes crisis que nos han tocado en estos seis meses”, había dicho, el 25 de abril, el jefe de gabinete en una entrevista a La Tercera, dando luces de las intenciones del gobierno.
Uno de los escollos era que en la propia coalición oficialista no hay consenso respecto de abrir diálogos con la oposición. En Chile Vamos hay -de hecho- dos almas: la que representa el presidente de RN, Mario Desbordes, quien impulsa la idea de un gran pacto social que abarque temas del mediano y largo plazo -incluso suscribió a un documento con el senador José Miguel Insulza (PS)-, y la del senador Andrés Allamand (RN), quien sostiene que la actual oposición no genera confianzas y quien aún sostiene que el pacto del 15 de noviembre -que comprometió una nueva Constitución en medio del estallido social- fue un error.
El Mandatario -finalmente- optó por un camino intermedio. Y cuando en los análisis de gobierno se toma nota del duro golpe económico y social que traerá la pandemia al país, Piñera resolvió apostar por un acuerdo acotado en temas, pero que tenga la virtud de convocar a parte importante de la oposición con mínimos comunes para enfrentar la debacle social y la necesidad de una reactivación económica posterior.
En Palacio no se habla mucho de ello. Más bien, los distintos ministros prefieren destacar que el Presidente siempre quiso dar a su segundo mandato un tónica de acuerdos transversales.
Lo dijo -destacan esas fuentes- el mismo 11 de marzo en que asumió nuevamente el gobierno y también el 12 de noviembre pasado.
Pero este último acuerdo dejó incómodo a Piñera. Sus cercanos sostienen que pese a que el Mandatario jugó un rol clave en el pacto por la paz y una nueva Constitución, éste quedó totalmente ensombrecido. Los méritos fueron para el Parlamento y el gobierno quedó relegado a un segundo plano.
Piñera no quiere repetir esa experiencia. Por ello, ha definido un cambio en el diseño: el Presidente fue el que abrió la convocatoria, asumió un papel protagónico en la conversación con la coalición oficialista y, posteriormente, con la oposición.
Un incentivo no menor para el Mandatario fue la presentación de la propuesta del Colegio Médico, que incluyó a reconocidos economistas, como José De Gregorio, Sebastián Edwards, Claudia Martínez, Andrea Repetto, Claudia Sanhueza y Rodrigo Valdés, y el documento suscrito por Desbordes y el senador PS José Miguel Insulza. No había tiempo que perder.
En La Moneda -además- saben que juegan a contrarreloj. Los días más duros de la crisis sanitaria están por venir, no hay ninguna certeza de que no se desborde el sistema sanitario y -además- las protestas sociales ya comenzaron a aparecer en las zonas más vulnerables.
Así, una de las apuestas es que la oposición también comience a compartir los costos de la crisis general y no sea un mero espectador de ella.
“Un llamado a todos los que quieran dialogar y colaborar de buena voluntad”. Esas fueron algunas de las palabras que pronunció Piñera el lunes 25, cuando anunció el acuerdo. Y que, según afirman en Palacio, no fueron al azar.
Esto, porque dicen que el Mandatario hizo hincapié en que la convocatoria era para los que “tuvieran voluntad”, porque no es ingenuo y sabía que uno de los riesgos era que hubiera un sector de la oposición que lo criticara y se marginara de su llamado. Y así ocurrió. El Partido Comunista rápidamente anunció que no estaba disponible. Un costo que -en todo caso- en el oficialismo consideran menor.
Al momento de hacer el anuncio, el Mandatario sabía que no iba a caer en terreno muerto. Al contrario, los ministros Blumel y Briones -especialmente- ya habían sondeado el ambiente y su diagnóstico es que había piso político.
Una de las preocupaciones esenciales del gobierno es que el entendimiento con la oposición sea acotado: nada que comprometa cambios profundos, sino -más bien- apuntando a las necesidades urgentes. Cuánto gastar, cómo gastarlo y cómo se recupera posteriormente.
A ello se suma un riesgo permanente al que se suele exponer el Ejecutivo: las altas expectativas. De allí la preocupación por moderar el discurso -se pasó de un gran “acuerdo nacional” a un consenso transversal y “acotado” a ciertos temas-. Junto con eso, los ministros recalcaron públicamente que este pacto no pretendía “resolver todos los problemas” del país, pero serviría para enfrentar la pandemia y sus consecuencias.
Pero las posibilidades de éxito también están sobre la mesa. Lo primero es que en La Moneda identifican un mejor ambiente en la oposición, donde, dicen, hay coincidencia en la magnitud del problema que existe. En segundo lugar, sostienen las mismas fuentes, hay cierta convergencia en el tipo de propuestas. De hecho, destacan que en la reunión del viernes 29 entre Blumel, Briones y Sichel con los partidos oficialistas y de oposición se logró avanzar en un marco de trabajo y establecer un plazo de dos semanas para tener un acuerdo.
Pero en especial se aprecia un cambio de actitud en el Partido Socialista y, sobre todo, en el presidente de esa colectividad, Álvaro Elizalde, y el senador Carlos Montes. Este partido, dicen, por su historia y tamaño es clave para lograr sacar adelante con éxito el acuerdo.
Para potenciar esas posibilidades de éxito es que en el oficialismo se apostó por radicar las conversaciones en la Comisión de Hacienda -donde además tiene presencia Revolución Democrática- y se dieron tres semanas para evitar que el alargue de las discusiones sea contraproducente a la búsqueda de consensos.
La apuesta final es que Piñera retome protagonismo de estas tratativas en la cuenta pública que quedó programada para el 31 de julio y que sea el Mandatario quien reciba el documento final del acuerdo y lo dé a conocer para garantizar que -a diferencia del 15 de noviembre, esta vez Piñera no quede fuera de escena.