“No podemos fallar en esto”, reconoció el viernes pasado el senador PPD Ricardo Lagos Weber, uno de los representantes de la oposición en la mesa de negociaciones convocada por el gobierno con miras a lograr un plan de emergencia, de protección social, reactivación económica y estrategia fiscal, para enfrentar los efectos de la crisis sanitaria y social provocada por la pandemia del Covid-19.
“Tenemos que llegar a un acuerdo. Si la clase política no logra un entendimiento en esto, la cuenta política que nos van a pasar, que ya es grande, será brutal”, remarcó el parlamentario, reconociendo una urgencia que es compartida por la mayoría de los partidos y el gobierno.
A una semana, sin embargo, de que venza el plazo impuesto por el Presidente Sebastián Piñera para sellar este acuerdo, la discusión entre el gobierno y la oposición aún se mantiene dentro de un marco general y están lejos de entrar a la discusión fina, a la “ingeniería de detalle”, que permita iniciar la redacción de los proyectos y de las normas que se necesitarán para ir lo antes posible en auxilio de los chilenos.
El 29 de mayo se reunieron por primera vez -a través de videoconferencias- los ministros Gonzalo Blumel (Interior), Ignacio Briones (Hacienda) y el entonces titular de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, con los presidentes de algunos partidos de oficialismo y oposición, para definir la forma de trabajo. Hasta el viernes, los representantes de ambos sectores se habían juntado en cinco ocasiones, en las que se había logrado avanzar solo en algunas aproximaciones generales.
“Aún tenemos tiempo”, afirma uno de los ministros del equipo político de La Moneda, al ser consultado por La Tercera sobre el avance de las negociaciones. En el gobierno dicen que están confiados en que se logrará un acuerdo dentro del plazo que se fijaron, pese a que aún no hay nada escrito.
Ayer, sin embargo, hubo una nueva reunión de la mesa negociadora, en la que participaron parlamentarios oficialistas y de oposición junto a Briones y a los debutantes en el comité político: Claudio Alvarado (Segpres) y Cristián Monckeberg (Desarrollo Social), quienes son vistos en la centroizquierda con confianza como para ayudar a un entendimiento.
En esa cita resolvieron que entre el martes y miércoles la idea es tener un preacuerdo consolidado con propuestas concretas, tarea que recaería en el Ejecutivo, en base a lo que se ha abordado en este grupo de trabajo. Esto, para afinar posteriormente detalles e intentar sellar un acuerdo a fines de la próxima semana.
Entre otras materias, los ejes que acapararon parte de la conversación ayer fueron el ingreso familiar de emergencia y la ley de protección al empleo: mientras desde el gobierno expusieron cómo ha funcionado la primera medida y quedaron en entregar información más consolidada la próxima semana, los asistentes acordaron invitar para hoy -a una nueva reunión- a la ministra María José Zaldívar (Trabajo) para que exponga sobre el impacto que ha tenido la segunda medida.
Al encuentro de hoy -previsto para las 17.00- también se acordó invitar a un grupo de economistas y al titular de Salud, Jaime Mañalich, para que este último explique las proyecciones en materia sanitaria, un aspecto que en el oficialismo y en la oposición consideran clave antes de determinar iniciativas concretas en materia de ayuda social.
Respecto al ingreso familiar de emergencia, los asistentes -entre quienes también estuvieron expertos de los partidos y algunos alcaldes- dicen que se abordó en profundidad cómo seguirá operando: si los postulantes quedarán registrados en una lista de manera permanente o se irá evaluando mes a mes. Las mismas fuentes señalan que desde el Ejecutivo transmitieron que eso es algo que se debiera -para focalizar los recursos- revisar periódicamente, mientras que algunos legisladores de oposición advirtieron que debe haber un registro permanente, ya que -recalcaron- las familias no mejorarán su condición económica en el corto plazo.
En ese sentido, en Chile Vamos dicen que hay conciencia de que se debe entregar una ayuda más significativa. Y señalan que se podría estudiar una “segunda versión” de la ley de protección al empleo.
En todo caso, desde La Moneda dicen que, mientras no se selle un acuerdo, el gobierno no anticipará iniciativas, precisamente para no generar más ruido en las conversaciones que están llevando con los miembros de las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara.
El jueves 4 de junio en la tarde, por ejemplo, durante la reunión que encabezó Briones con los parlamentarios que participan en la mesa negociadora y los economistas que asesoran desde la mesa técnica, representantes de oposición le preguntaron en varias oportunidades al titular de Hacienda qué pensaba hacer el gobierno en materia de rescate de las grandes empresas. “No puedo hablar de eso ahora”, les respondió Briones, generando incomodidad entre algunos de los asistentes. “El gobierno no ha mostrado sus cartas hasta ahora, ni ha dado luces de hasta dónde y en qué quiere avanzar”, se quejaron desde la oposición en un tema que también es visto con cierta distancia desde RN.
Hubo otras dificultades. El martes 2 de junio, recién iniciado el diálogo gobierno-oposición, el Partido Radical decidió restarse de las conversaciones, a raíz de la desconfianza que generaba que Briones mantuviera en paralelo a las conversaciones con sectores políticos una mesa técnica con economistas ligados a distintas sensibilidades. Las quejas de los radicales se sumaron a los reclamos de RD por el hecho de que no fueran convocados a esta instancia los demás partidos del Frente Amplio, aun cuando el Partido Liberal y el Partido Comunes habían manifestado su disposición a participar del acuerdo.
“Hoy el diálogo está más ordenado”, aseguran miembros de los equipos de los ministros Blumel y Briones la dupla responsable de llevar estas negociaciones a buen puerto.
En las directivas del PS y el PPD saben que la gravedad de la crisis que está viviendo el país los obliga a sentarse con el gobierno para buscar soluciones. Pero eso no ha logrado disminuir la desconfianza que sienten respecto de lo que se pueda lograr.
El temor, señalan en las directivas que encabezan el senador Álvaro Elizalde y el excanciller Heraldo Muñoz, es que el gobierno esté avanzando en un paquete de proyectos sin escuchar los planteamientos de la oposición.
Para cerrar la puerta a esa eventualidad, el PS y el PPD dieron a conocer el miércoles una propuesta elaborada por el “Foro para un Desarrollo Justo y Sostenido”, que encabeza el exsubsecretario de Economía Álvaro Díaz, en la que se pide incrementar de manera significativa el aporte financiero directo a las personas, para que estas puedan cumplir efectivamente las medidas de restricción de movimiento y de aislamiento social.
También plantearon, entre otras medidas, aumentar los recursos destinados a la red de salud primaria, para controlar mejor la extensión de la pandemia, precisamente en momentos en que el gobierno modificaba su estrategia inicial y traspasaba a los consultorios la responsabilidad de recuperar la trazabilidad de los contagios de coronavirus.
La propuesta -que fue discutida con RD y con economistas ligados a la DC, entre ellos José de Gregorio, antes de hacerla pública y entregársela a Briones- se sumó a otros dos insumos elaborados por grupos técnicos. Se trata de la propuesta que hicieron a petición de la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, los economistas De Gregorio, Andrea Repetto, Sebastián Edwards, Claudia Sanhueza, Rodrigo Valdés y Claudia Martínez; y al texto que prepararon de manera conjunta los economistas de las universidades Católica y de Chile.
Al menos esta semana, señalan representantes del oficialismo y de la oposición, hubo consenso, tanto a nivel político como técnico, de que Chile cuenta con recursos para enfrentar la mayor crisis de los últimos 30 años. Más aún si también hay consenso en que las medidas que se adopten serán temporales, no más allá de 18 a 20 meses, y que se irán retirando gradualmente a medida que la pandemia vaya pasando y se reactive la economía.
Son entre ocho mil millones de dólares y US$ 12 mil millones de los que podría disponer el gobierno si echa mano al saldo que tenía en caja hasta marzo pasado en el Fondo de Estabilización Económica, ahorros que están precisamente destinados a enfrentar graves crisis económicas.
En el oficialismo no descartan tampoco incrementar la deuda pública y reasignaciones presupuestarias. El jueves en la mesa de negociación, el economista Rodrigo Cerda, quien fuera hasta diciembre director de Presupuesto, señaló que se podrían obtener hasta 2.000 millones de dólares si se realizaba una resignación profunda del presupuesto de instituciones del gobierno y del Estado.
Hasta ahora, sin embargo, no está claro cuánto es lo que el gobierno está dispuesto a gastar en los próximos meses, de dónde los pretende sacar, ni la proporción que piensa destinar en apoyo directo a las personas para paliar los efectos de la caída de los ingresos y la pérdida de empleo; y cuánto va a emplear en reactivar la economía.
A fines de esta semana, señalan miembros de la mesa de negociación, el ministro de Hacienda fue enfático en pedirle a la oposición que tenía que incluirse lo que ya había gastado el gobierno hasta ahora para enfrentar la pandemia: unos 4.500 millones de dólares, según deslizó Briones en la cita. Esa cifra fue replicada de inmediato desde la oposición, pues incluía cerca de US$ 1.500 millones que se destinaron a capitalizar a BancoEstado.
Desde la oposición aseguran que, independientemente de que se alcance un acuerdo, si los proyectos que salgan de este esfuerzo de diálogo no implican un incremento significativo de aportes directo a las personas, no los van a respaldar en el Congreso, intensificando las dudas sobre la viabilidad y urgencia de este acuerdo.