Les apasiona el automovilismo y no suelen hablar sobre sus negocios. Los Scuncio Moro -una familia de inmigrantes argentinos que hace 20 años se instaló en San Pedro de La Paz, Región del Biobío-, prefieren el bajo perfil. Hace poco cobraron más protagonismo, pues una de sus empresas, Distribuidora y Comercializadora Llacolén S.A., se coronó como la mayor proveedora del programa Alimentos para Chile del gobierno.
El grupo lo conforma el padre, Alberto Scuncio (51), sus hijos Martín (28) y Javier (24) Scuncio Moro. Estos últimos son conocidos por competir en rally de autos, ganando varias competencias en Chile.
Distribuidora y Comercializadora Llacolén -que según el Diario Oficial opera desde 2001- la integran Martín Scuncio y una sociedad denominada Inversiones Ramaja Limitada, cuyos socios actuales son Alberto Scuncio (99%) y Pablo Ludueña (1%). Este último -según publica en su perfil de LinkedIn- es el gerente de administración de otro emprendimiento de los argentinos: la embotelladora Dos Banderas, que también opera en la región del Biobío.
En los últimos meses, en solo dos semanas, Llacolén despachó 250.000 cajas de mercadería a la Intendencia Metropolitana, por un total de $8.750 millones, muy lejos de otros proveedores. Según afirman en el Ministerio del Interior, la distribuidora cumplió con los términos y plazos de la entrega de las canastas. Sin embargo, ésta arrastra graves cuestionamientos: sus dueños son acusados de irregularidades en el envío de insumos a Venezuela, tema que hoy se ventila en la justicia de Concepción.
Desde fines de octubre de 2019, Banco Security ha realizado una embestida judicial contra Scuncio y sus sociedades. Ese mes, envió una carta a Juan Alberto Scuncio para notificar el cierre de sus cuentas corrientes personales. Ello, pues el cliente había presentado un comportamiento irregular, al operar grandes sumas de dinero en efectivo. Según el banco, entre 2017 y 2019 Scuncio efectuó 36 depósitos en efectivo por un total de $360.670.100. El cierre se concretó el 23 de enero de 2020 y, ante la medida, el 18 de febrero el empresario presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Concepción, que fue acogido el 12 de junio. El tribunal de alzada ordenó la reapertura de sus cuentas, lo que fue apelado por el banco. Hoy el caso está en manos de la Corte Suprema.
El 22 de mayo de este año, el mismo banco cerró las cuentas de Distribuidora y Comercializadora Llacolén. Dos días antes, según se establece en Mercado Público, la empresa había acordado la entrega de cajas para el programa Alimentos para Chile del gobierno.
“El cierre de dichas cuentas fue el corolario de una investigación interna realizada por el Banco ante la publicación en diversos medios locales e internacionales de una noticia relativa a irregularidades en torno a la exportación hacia Venezuela de cajas de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción de dicho país, en la que figuraba envuelta la señalada empresa”, argumentó Banco Security ante la Corte de Apelaciones de Concepción.
Según consignó esta semana El Desconcierto -que destapó el diferendo entre la familia Scuncio y el banco Security-, éste último decidió cerrar las cuentas corrientes en línea con su programa de compliance y el “Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo relativo a materias de ley 19.913 y además en el Modelo de Prevención de Delitos atingente a la Ley Nº 20.393”. Al respecto, ni la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ni Banco Security emitieron comentarios ante este artículo.
Desde el Ministerio de Interior y Seguridad Pública comentaron que “al momento de contratar no existía ningún impedimento en el sistema de compras públicas para hacerlo. Es importante señalar además que este proveedor cumplió en tiempo y forma con la entrega de la compra realizada”.
Hace 20 años, Alberto Scuncio junto a su mujer y sus tres hijos decidieron radicarse en San Pedro de La Paz, tras el declive de la economía en Argentina. El 2008 su hijo Ramiro murió, luego de que un bus lo atropellara.
Fue un periodo muy doloroso para la familia, que por aquellos años conocía a un promisorio empresario local. Se trataba de Jürgen Paulmann, hermano de Horst Paulmann (controlador de Cencosud). Este fue su socio en sus primeros emprendimientos y, a la fecha, Scuncio posee un 0,7% de las acciones de Sky Airlines, aerolínea que hoy lidera Holger Paulmann.
Sus otros dos hijos, Martín y Javier, al poco tiempo se acomodaron a Chile. Hoy son competidores del RallyMobile y de la mano del equipo Point Cola Racing participan en el competitivo mundo del automovilismo. Justamente, Point Cola es una de las bebidas gaseosas de “marcas B” que produce otra de las compañías del grupo: Embotelladora Dos Banderas SpA.
Además de Llacolén, Inversiones Ramaja y la embotelladora, el entramado societario de los Scuncio incluye también a la minera Antawara, en la comuna de Petorca (V Región). Esta extrae cobre, oro y plata y sus productos son entregados periódicamente a la Empresa Nacional de Minería (Enami).
Pero uno de los negocios que más réditos le ha traído al grupo es, precisamente, el que mayores problemas legales le ha concitado en el último tiempo: el envío de cajas y alimentos a Venezuela.
El 1 de diciembre de 2016, Juan Alberto Scuncio –en representación de Inversiones Ramaja Limitada- y el abogado venezolano Luis Fabián Alexander Sánchez -en representación de International Petrochemical Holding Ltd., inscrita en 1995 en Islas Vírgenes Británicas- constituyeron Suministros del Sur S.A. La sociedad sirvió de antesala para la internacionalización.
El negocio con el país caribeño empezó en 2014, cuando la familia Scuncio comenzó con la importación de urea hacia Chile, un compuesto químico que es utilizado como abono en la agricultura. Al tiempo después, inició el envío de mercadería directamente a las empresas venezolanas Madca y Alimentos Ramaja. Esta última es de propiedad de Hernán Matheus Murillo, empresario venezolano que adquiere los insumos provenientes de Chile.
Según recogió un reportaje de El Mercurio de Valparaíso de 2018, la crisis de desabastecimiento y la hiperinflación que afecta a la economía de Venezuela llevó al gobierno de ese país a buscar alternativas para proveer alimentos a la población. Frente al caso, Suministros del Sur S.A. comenzó con el envío de alimentos con los denominados “Kits Made In Chile”. Estas formaban parte de las “Cajas CLAP”; es decir, de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que distribuyen alimentos promovidos por el gobierno de Venezuela.
Según el portal especialista en análisis comercial Veritrade, entre septiembre 2017 y octubre de 2019, Inversiones Ramaja Limitada sumó exportaciones de alimentos al país caribeño por US$56,9 millones. Sus envíos a través de los puertos de San Antonio y Valparaíso corresponden principalmente a leche en polvo, legumbres, arroz y latas de atún. Mientras que desde 2014 a 2020, sus importaciones desde 2014 a marzo de 2020 sumaron US$25,2 millones, siendo principalmente urea, el producto más comercializado. Solo en los últimos siete años ha realizado negocios con Venezuela por un total de US$82 millones.
Sobre sus negocios con Venezuela, Scuncio responde: “Es pura y exclusivamente trabajo”. “Nosotros hemos exportado alimento a privados en su momento y hace más de un año y medio que no enviamos nada. Pero son negocios que salen puntualmente”, añadió.
“Enviamos cajas a Venezuela, pero no al Estado, sino que a privados. A la gente le gusta poner y poner. Igual que pusieron por ahí lavados de activos y me pregunto dónde. Me parece que es una estupidez. Lo que pasa es que no te puedes poner a contestar a todo el mundo. ¿Para qué te vas a poner a tirar piedras a los gatos? Aparte, los libros están todos en Chile y no tengo ninguna empresa en otro lado. Está todo a la vista”, remató.