Por Sebastián Gallardo/ Ex dirigente sindical
La flexibilización laboral tiene un emblema por excelencia: la subcontratación. Durante el año 2014 me tocó vivir las injusticias de la subcontratación en la empresa donde trabajaba en el Hospital Clínico de Magallanes. Desde diversos problemas en el pago de los sueldos, hasta vulneración de derechos fundamentales hacia los trabajadores, bajo la cómplice mirada del hospital como empresa mandante.
En marzo de este año, las trabajadoras subcontratadas del servicio de aseo del campus Beauchef de la Universidad de Chile, iniciaron una protesta para denunciar las malas condiciones laborales en las que su empresa las tenía contratadas. La empresa principal, en este caso la Universidad de Chile, sólo fue un mero espectador en el ulterior despido de las trabajadoras.
La precariedad laboral es el común denominador de la flexibilidad del mercado de trabajo, y las dos experiencias ya mencionadas son prueba de ello. La subcontratación, como parte de la flexibilidad interna, es la manera más utilizada en Chile para aplicar esta modalidad de relaciones laborales.
El neoliberalismo salvaje imperante en nuestro país ha impulsado el vertiginoso avance de la subcontratación en los últimos años, donde la cifra para el universo de la fuerza laboral chilena que trabaja bajo este régimen supera en un tercio del total. No es sorpresa, con un sistema económico esclavo del mercado, que la subcontratación tenga una importante presencia en los servicios públicos.
Es aquí, precisamente, donde además de la precariedad laboral se suma un segundo problema: el desperdicio de recursos. Existe el mito de que la subcontratación de servicios por giros diferentes al de las empresas principales suelen ser más eficientes y rentables para ellas, cuando en realidad es rentable sólo para la empresas externas puesto que se llevan un margen del monto de las respectivas licitaciones que podría ser destinado en otros ámbitos si no se subcontratara -como aumentar los salarios de los mismos trabajadores-. El objetivo de este deliberado desperdicio de recursos para la empresa principal es reducir su base de trabajadores de planta, mermando así el poder de organización de estos. En otras palabras, el costo de oportunidad de subcontratar es el de una plantilla de trabajadores de planta organizados y con mejores condiciones laborales. Además, el afán de las empresas contratistas por aumentar dicho margen conlleva a que estas utilicen insumos más baratos y de peor calidad, haciendo del servicio entregado más deficiente. Sumado a esto, la empresa principal puede incurrir en altos costos administrativos por su facultad como ente fiscalizador ante posibles irregularidades de la empresa contratista.
Ahora, cuando la subcontratación se ejecuta en las universidades públicas, como en la Universidad de Chile, aparece un tercer problema: el debilitamiento de la democracia interna. Esto porque los trabajadores subcontratados, a pesar de trabajar en nuestras facultades y de hacerlo codo a codo con los funcionarios de planta, son parte de una empresa externa, no son parte de la universidad ni del estamento de los funcionarios. Se transforman, en consecuencia, en trabajadores de “segunda categoría”. De esta forma, se deja fuera a un no menor número de trabajadores que, en la práctica son miembros de la comunidad universitaria, pero que no tienen ni voz ni voto en la plataforma triestamental de la institución, generando con esto un desmotivador sentir de “no pertenencia” por parte de estos hacia la Universidad.
Luego del proceso de movilización de dos meses de los estudiantes de la Universidad de Chile, que concluyó hace un par de semanas y con un amplio acuerdo para dar soluciones a los diversos problemas de la universidad, se estableció en uno de sus puntos que los trabajadores subcontratados serán invitados a participar de un Encuentro Triestamental que decidirá la posición de la Universidad respecto a la reforma educacional. Sin embargo, esto no es suficiente para resolver el problema de la subcontratación, puesto que su calidad como trabajadores con una menor valoración persiste y sus condiciones laborales no son mejoradas en ningún caso. Es necesario, por lo tanto, erradicar este régimen de trabajo.
La facultad de odontología de la Universidad de Chile, como resultado de un proceso de movilización a fines del 2012, resolvió poner fin al subcontrato en sus dependencias a través de un exitoso proceso de internalización, es decir, del traspaso de los otrora trabajadores subcontratados a la plantilla de trabajadores de planta de la institución. Por su parte, en el contexto de la última movilización de este año, la facultad de derecho ha iniciado el mismo proceso.
Ahora bien, el fin del subcontrato a través de la internalización no es una medida que pueda ser ejecutada de una día para otro, como tampoco está garantizado una mejora inmediata de las condiciones de trabajo. El verdadero desafío es trabajar en función de una integración responsable en vistas de resolver los problemas mencionados a través de la cooperación de toda la comunidad universitaria, fomentando y poniendo especial énfasis en la libre asociación y organización de los trabajadores.
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