La crisis de Gendarmería y del Servicio Nacional de Menores actualmente en curso, de enorme envergadura técnica y política, es un serio indicativo del descontrol institucional que acecha al Ministerio de Justicia. Ello, lamentablemente, tiene repercusiones no solo en los servicios dependientes de ese ministerio sino también en ámbitos muy relevantes para el Estado, como es la salud institucional del Poder Judicial.
Este tipo de problemas no se incuban de un día para otro. Tienen normalmente un derrotero burocrático previo, en el cual el sistema de gestión y control del servicio respectivo debiera levantar señales de que algo no funciona bien, y que una dirección responsable y atenta debiera captar para controlarlas. Es evidente que ello no ocurrió en los casos señalados, pese a que son de larga data, lo que deja la inquietud de que la crisis pueda ser incluso más profunda todavía.
Igual consideración debe tenerse presente en el funcionamiento global de la administración del Estado. Esta, en su vértice, con atentas rutinas de consulta, control y corresponsabilidad entre todos los poderes del Estado, genera el sentido común interórganos, que ordena y orienta su funcionamiento institucional sano.
En el presente caso, el ministro de Justicia no es solo el responsable político de un ministerio sectorial más, sino también el enlace fundamental del Ejecutivo con otro poder del Estado, el Jurisdiccional, relación que resulta vital para la salud del Estado de Derecho. Ello, independientemente del escenario actual de extrema judicialización de la política.
El Ministerio de Justicia interviene en la generación de toda la judicatura nacional y es el garante político de la seguridad y certeza jurídica de sus ciudadanos. Si falla, los resultados rápidamente se hacen sistémicos y pueden contaminar otros procesos.
La designación de los magistrados y ministros de los más altos tribunales de la República amerita un enorme sentido común y una enorme transparencia, para evitar que la administración de justicia se vea influenciada –o incluso capturada– por intereses que escapan a lo público y terminan perjudicando la igualdad ante la ley. Eso es también parte esencial de lo que debe hacer el Ministerio de Justicia.
En este particular aspecto, llama la atención que los procesos de selección de la magistratura y servicios auxiliares siempre son, o muy cerrados, lo que crea una fuerte presión de nepotismo, o demasiado abiertos, hasta el punto de que prácticamente no existan condiciones ni barreras de acceso que cautelen la idoneidad de los postulantes en la fase misma de postulación, y prevengan con tiempo los conflictos de interés. El único instrumento para esto último es la inhabilitación que, aquel que debe decidir, hace de su participación en el proceso.
Por lo mismo, parece conveniente que la regulación no sea casuística, sino que existan criterios generales objetivos claros que impidan que los mecanismos de autogeneración (propuestas de quinas en la mayoría de los casos) sean capturados por lobbistas o usados para el pago de favores, y que la inhabilitación no sea solo un acto de conciencia.
Un ejemplo de lo señalado se da en el concurso destinado a llenar la vacante dejada por la jubilación de Pedro Pierry Arrau, que es un cupo que se provee desde fuera de la carrera judicial.
En su oportunidad, con el ministro saliente se produjo, el año 2012, la aprobación del megaproyecto HidroAysén, que generó un enorme conflicto de intereses y desprestigio del Poder Jurisdiccional. La Tercera Sala de la Corte rechazó todas las impugnaciones judiciales hechas al proyecto y lo aprobó por tres votos contra dos.
El ministro Pedro Pierry, que votó a favor del mismo, era dueño en ese momento de 109.840 acciones de Endesa –propietaria del proyecto– y valorizadas en cerca de 100 millones de pesos, resultando, por lo tanto, beneficiario directo de su aprobación. El ministro defendió su actuación argumentando que la ley no lo obligaba a inhabilitarse.
Según se ha podido conocer ahora, en la lista de postulantes para llenar la vacante que él deja, figura Gastón Salinas Ugarte, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pedro de Valdivia, UPV, y abogado de Ángel Maulén, el controlador de esa casa de estudios, en el juicio por sobornos reiterados al presidente del Consejo Nacional de Acreditación, Luis Eugenio Díaz. Salinas, desde siempre muy cercano al senador y presidente de la UDI Hernán Larraín, quien ha activado todos sus contactos políticos, por ahora en la Corte Suprema, para colocar su nombre como primera opción.
Entre sus impulsores notorios figuran los ministros Manuel Antonio Valderrama y Juan Eduardo Fuentes, este último contratado como profesor de la Facultad de Derecho de la UPV cuando Salinas era decano.
Pero lo más inquietante es que, en el grupo de lobby organizado para promover su nombre, participa John Campos Benavides, quien actúa como enlace en la búsqueda de votos entre los ministros de la Corte Suprema, lo que ha molestado a varios de ellos por la facilidad con que accede a las audiencias.
Se trata de un ex seminarista con un extenso prontuario judicial por abuso de menores y pedofilia, cercano a la UDI –trató de inscribirse en el PRSD y el Servel le rechazó la inscripción por tener una vigente en la UDI– y con amplia protección política en ese partido. Fue director del “Hogar de Vida Familiar Padre Hurtado”, perteneciente al Hogar de Cristo de Parral, de donde fue destituido por una serie de denuncias de abuso de menores. Estas terminaron en un proceso judicial en el que fue defendido durante 9 años por César Valero Nader –ex abogado de Paul Schäfer y de Colonia Dignidad, militante UDI y hoy juez de Policía Local de la comuna de Retiro–, proceso del que salió con una condena menor.
En el 2003, el nombre de Campos fue un tema de debate entre el entonces presidente del PS, Gonzalo Martner, y el senador Hernán Larraín, sobre el manejo del Sename. En esa ocasión, Martner acusó al senador de haber “protegido y recomendado” para ese servicio a una persona que, según los antecedentes, había sido condenada por el delito de abusos de menores en 1998.
No es el único caso de situaciones dudosas. Hace varios años el ex Gran Rabino de Chile, Ángel Kreiman, terminó acusándolo de un cuantioso robo en su casa, pese a que era su secretario privado, situación que finalmente terminó en un desistimiento.
El problema en casos como este, según fuentes de la propia Corte, es que cuando se produce una vacante de este tipo, ella queda expuesta a toda clase de presiones de los intereses más diversos, que torna prácticamente incontrolable la designación de los nombres para el propio organismo judicial.
El hecho de que los que votan puedan marcar no solo una preferencia enreda más el problema, por lo que todo queda entregado prácticamente a la política y la decisión del Senado, que debe votar la elección del nombre que hace el Gobierno. De acuerdo a varios ministros, muchos de los nombres que entran en competencia ni siquiera debieran postular, sino quedar descartados antes de que se considerara formalmente un postulante al cargo.
El caso de John Campos Benavides y la postulación de Gastón Salinas Ugarte pueden ser considerados algo extremo. Sin embargo, pudieran también hacerse objeciones legítimas a que, en este y otros concursos, postulantes que son funcionarios de bancos, como Arturo Prado Puga –quien pertenece al BCI–, o son prominentes litigadores de grandes empresas, como Emilio Pffefer Urquiaga, puedan considerarse idóneos para integrar como ministros la Corte Suprema.
La regla de la inhabilitación también debiera endurecerse. En este caso, parte del impulso del candidato Gastón Salinas lo hace Rosa María Egnem, salpicada por el caso conocido como «Masacre de Laja», por adulteraciones de registros de procedimientos policiales; y el ministro Héctor Carreño, duramente cuestionado hace unos meses por la situación del Sename. El cargo es para integrante de la Tercera Sala Constitucional y ambos, dadas sus posiciones personales o frente a la coyuntura, no debieran poder participar en la generación de un par que luego puede decidir sobre su propia situación.
Como se puede apreciar, no se trata entonces solo de problemas en el Ministerio de Justicia sino asimismo de un extravío serio de criterios y de sistemas de control que pueden dañar aún más la institucionalidad del país, también en el ámbito de lo judicial.
Mientras tanto, la elección del nuevo integrante de la Suprema que irá a la Tercera Sala Constitucional queda al criterio personal de quienes deben decidir el nombre al momento de conformar la quina, aunque –por cierto– con el deber de conciencia en cuanto a inhabilidades para participar en el proceso e idoneidad de los candidatos.
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