El 31 de agosto y después de una jornada llena de rumores, el entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y su par en economía, Luis Felipe Céspedes, renunciaban a sus cargos. Todos los análisis apuntaban a los efectos políticos de su salida y la hecatombe que eso significaba para el Gobierno. Pero, literalmente por la tele, otros actores veían cómo la salida de los secretarios de Estado se traducía en ver esfumadas sus esperanzas de que cambios importantes en algunos mercados vieran la luz. El Sernac financiero fue uno de los proyectos que salió de las prioridades de la agenda del nuevo ministro Nicolás Eyzaguirre, hoy concentrado en retomar el crecimiento económico. Pero no fue el único que quedó en la lista de pendientes.
Meses antes de sospecharse cualquier renuncia, el también ex ministro y ex presidente de Banco Estado, Javier Etcheberry, recibía buenas noticias. En su oficina de calle Philips todo funcionaba como un día habitual, aunque había un sabor especial con el inicio de año. Luego de un largo tiempo de disputa, en enero, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) emanaba las recomendaciones normativas que le darían un impulso adicional a la empresa que ha empujado por 10 años, y a la que le ha metido cerca de US$ 30 millones en capital: Multicaja.
Nació como una idea con lógica de mercado sencilla: ingresar a un mercado donde había mucho potencial y un solo operador, el de pago electrónico, es decir, con tarjetas de crédito o débito. Pero en el camino, y suponiendo que las modificaciones y traspiés tomarían menos tiempo, Etcheberry se dio cuenta de que Transbank, el operador de mercado donde la propiedad la comparten varios bancos, no cedería ni un centímetro y que además la regulación lo protegía.
La historia tras ello es ciertamente conocida. En noviembre de 2015 y luego de que varios actores comenzaran a presionar por que se cambiaran las reglas del mercado que favorecían a Transbank, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento contra la compañía ante el TDLC.
Los dimes y diretes duraron un par de años, hasta que, en enero, el tribunal resolvió realizar una serie de recomendaciones al Gobierno de Michelle Bachelet. Era una voltereta de las autoridades de libre competencia que les habían permitido años antes a los bancos una importante condición: que Transbank negociara en bloque con los comercios, a nombre de toda la plaza, los contratos para usar tarjetas en el comercio. Es el único negocio en que inéditamente comparten ganancias sin problema. La competencia entonces no existía.
Sin sistema
El 13 de enero de 2017, el TDLC recomendó dictar los preceptos legales o reglamentos necesarios para fomentar la competencia en la industria de medios de pago con tarjetas. Pero el fallo hacía énfasis en una especial condición, la de “prohibir la actuación conjunta de los bancos emisores en la adquirencia”. Es decir, los bancos deberían actuar de forma independiente al momento de afiliar nuevos comercios al sistema y no en bloque.
Pero la recomendación, como bien dice su nombre, tenía una debilidad. No se trataba de una norma obligatoria ni vinculante, sino que el Ejecutivo podría o no acoger estas sugerencias. Casi 8 meses después, y siendo requerido mediante oficio por el tribunal, Hacienda se hizo cargo de responder. Una tibia argumentación sin ningún plan concreto que hablara de hacerse cargo de la principal condición que sigue permitiendo que Chile sea el único mercado del mundo donde un operador de tarjetas compite prácticamente solo. La solicitud de pronunciarse había sido originalmente a Valdés, pero fue Eyzaguire quien tuvo que cargar con el muerto y firmó la respuesta.
En las cuatro páginas de la carta, el ministro mencionaba una serie de modificaciones que ha realizado el Banco Central y también algunos ajustes que generaba la Ley de Prepago. La carta dejaba en evidencia la necesidad de buscar “relleno” para las páginas. Los últimos tres párrafos se hacían cargo de la gran condición pendiente y que el mismo ministerio detalló como “por ejemplo la eventual posibilidad de deshacer Transbank”, haciendo referencia a la propuesta normativa, lo que confirmó las sospechas de que el cambio de ministros dejaba en al aire una posible ley.
“En cuanto a las materias definidas en la Proposición Normativa que no corresponden a asuntos que deban ser decididos mediante la normativa del Banco Central o de la SBIF, sino que corresponden a materias que deben ser abordadas por el Poder Legislativo –como por ejemplo, la eventual desintegración de Transbank S.A., el establecimiento de parte de un ente público en una tarifa de intercambio, etc.– este ministerio se encuentra estudiando tales asuntos”, indica el oficio entregado por Hacienda al TDLC. Se contradice porque, pese a señalar que está estudiando los efectos en el mercado y que el de Chile es uno “inédito”, por contar un solo actor en la industria, hace una advertencia en los últimos renglones de la misiva.
“Nuestro objetivo como ministerio es identificar y estudiar las vías institucionales idóneas para materializar aquellas medidas contenidas en la Propuesta Normativa que sean necesarias para fortalecer la competencia en esta industria y cuya implementación no genere costos que puedan neutralizar sus beneficios, por ejemplo, afectado la seguridad del mercado de pagos”, añade la respuesta.
Un cercano a este mercado explica que los estudios sobre efectos en industrias pueden tomar mucho tiempo e incluso no necesariamente terminar en proyectos de ley. Los bancos además tienen un poder de lobby importante. “No hay por qué pensar que todo esto tiene que terminar en un proyecto de ley. Si lo vemos desde la perspectiva de los bancos, los dueños de Transbank, hace dos meses el Banco Central emitió una serie de normas que flexibilizan el mercado, además hay dos operadores aterrizando en el mercado, Multicaja y Banco Estado, entonces, muchas condiciones se han flexibilizado y efectivamente hay nuevos players. No puede hablarse de monopolio”, dice una fuente.
El recambio de equipos ministeriales también afectaría que se concrete cualquier ley. En Hacienda quien más conocía de sus alcances era Bernardita Piedrabuena, esposa del ministro Eyzaguirre. Tras su arribo a Hacienda, la profesional se unió al equipo de Economía, dejando en vilo quién se hará cargo en la cartera de revisar los detalles del posible proyecto de ley.
La salida de Céspedes también afectó la tramitación de una ley que empareje la cancha. El Ministerio de Economía es la Secretaría de Estado que revisa los asuntos de libre competencia.
En esa cartera, el profesional que estaba en mayor conocimiento del tema, además del ex ministro, era el académico y abogado Jorge Grunger, asesor de Céspedes. Pero el profesional salió del Gobierno y se unió al bufete de abogados de Cariola Díez Pérez-Cotapos (según reseña su perfil en LinkedIn).
El nuevo ministro, Jorge Rodríguez Grossi, además, parece estar demasiado ocupado para oír a quienes les convoca el tema. Etcheberry pidió una audiencia con el secretario de Estado para compartir antecedentes del mercado. “Pedí reunión al ministro de Economía y no me la dio, por la Ley del Lobby, pero me respondieron que no me recibiría. Ahora no creo que este sea un tema tan ajeno para él, que además fue presidente de BancoEstado”, dice el presidente ejecutivo de Multicaja.
A la calle
Javier Etcheberry no ha tenido pelos en la lengua para enfrentarse a quienes conoce bien: los bancos unidos en Transbank, que muchas veces le han imputado haber abierto esta caja de Pandora. Coincide en que, pese a haber tocado las puertas de gobernantes y de entidades de libre competencia, el proyecto que termine con la negociación conjunta parece ahora bastante lejano. “Falta este último paso. Está claro que hay que terminar con la delegación conjunta. Lo dijo el tribunal, lo dijo la Fiscalía, lo acogió el banco Central. Es decir, este o el gobierno que venga van a tener que hacerse cargo”, detalla. El ahora empresario añade que el objetivo es competir en igualdad de condiciones. Ello, porque otra de las recomendaciones normativas del tribunal dice relación con que un ente independiente defina las tasas de intercambio entre las marcas y los operadores del sistema de pago.
“No podemos competir en todos aquellos comercios donde Transbank cobra una comisión a ese negocio más baja que la que fija Mastercard o Visa. Esto, porque Tranbank, a diferencia de otros operadores del mercado, tiene la facultad de fijar su propia tasa de comisiones, mientras que al resto de los actores de la industria las tasas se las fijan las marcas, es decir, Mastercard o Visa”, explica Etcheverry.
Por ahora, se mueve por donde puede. Las próximas semanas comenzará un plan piloto de pago con tarjetas Mastercard (con la que firmó un acuerdo) para operar en comercios donde no está Transbank, negocios de barrio, locales más chicos lejos del gran retail. La marcha del negocio será primero el pago con tarjetas de crédito, y luego con todas las de débito asociadas a Maestro. Ya realizaron las primeras pruebas tecnológicas con la empresa Nexus y es cosa de días para salir a la calle a poner los terminales en marcha. Esto, mientras espera los cambios a la ley para poder competir en grandes comercios.
Patricio Sandoval, country manager de Mastercard en nuestro país, explica que grandes compañías como la de ellos están atentas a un escenario generalizado de reformas en América Latina y que no los amilana el hecho de que Chile, tal como otros países de la región, comience un franco camino hacia cambios regulatorios. «El espacio para crecer es relevante si miramos los números de bancarización en Chile versus el uso de tarjetas, un asunto que hemos estudiado en profundidad. Cerca del 30% utiliza la tarjeta como medio de pago. En Brasil, por ejemplo, llega al 50% y en países desarrollados supera el 80%», puntualiza.
Mastercard es una de las compañías que más activamente ha participado aportando datos y análisis a las discusiones por la mayor apertura de mercado, de hecho, es hoy el socio de Multicaja, un paso que aún no ha dado Visa. Sandoval explica que ellos quieren apuntar a profundizar el alcance del mercado. «Pero hay que tener en cuenta, ante cualquier reforma, que se deben considerar acá todas las partes, para que la ecuación sea exitosa y que no se genere, por el contrario, un desincentivo», detalla.
La respuesta de Transbank para ganar mercado no se ha hecho esperar. Hace pocos días comenzó una campaña intensiva para meterse a ese segmento a través de MobileP.O.S., un terminal inalámbrico de pago que, asociado a una App, permite hacer pagos en pequeños comercios e incluso a particulares. BancoEstado hizo lo propio, anunciando en septiembre que recibió de la Sbif la autorización para lanzar Red Global, un sistema diseñado junto a la empresa inglesa SumUp. El banco estatal invirtió 15 millones de dólares para desarrollar un sistema de pago de bajo costo que permita posicionarlos en locales de menor tamaño.
“El aterrizaje del banco estatal puede presionar a la autoridad a moverse rápido. Si realmente quieren que esta red se mueva también a un nivel masivo, van a tener que empujar la discusión normativa. Y por la plata que han invertido, parecen seriamente interesados”, dice una fuente conocedora. También se ha rumoreado en el mercado el interés de actores internacionales de ingresar al mercado chileno, entre ellos, de la firma First Data, con una importante posición en la industria argentina.
Las cartas están echadas, y la partida, del lado del Gobierno.
Denos su opinión