Por Felipe Flores, Egresado de Derecho
Bastante ha dado que hablar durante estas últimas semanas el proyecto de reforma laboral presentado por el gobierno. Y es que su revelación no dejó a nadie indiferente, ya que la derecha anunció con bombos y platillos los grandes “beneficios” que traería para los trabajadores del país. Pero como hemos tratado en diversas notas, detrás de los falsos eslogan que han instalado desde la moneda, se esconde la más brutal precarización que deberán soportar cientos de miles.
Dentro de todo este debate, casi desapercibida ha pasado una nueva disposición que regula de una manera totalmente contraria a la tendencia jurisprudencial internacional, el nuevo trabajo de las “plataformas digitales”. En efecto, el proyecto invierte toda la lógica de protección del Código del Trabajo al establecer un nuevo artículo 8 bis que sigue promoviendo la informalidad laboral, al declarar que legalmente “no serían trabajadores”, intentando cerrar la legitima duda que se ha instalado en todo el derecho comparado, pero esta vez a favor de las empresas de plataformas.
Con este acto, Piñera y el ministro Monckeberg, en lugar de reconocer dicha realidad y expresar claramente en la ley que estos trabajadores se debiesen regir también por el Código del Trabajo, decidió excluirlos explícitamente, haciéndolos retroceder al siglo XIX, negándoles la posibilidad de un contrato de trabajo. De esta manera demuestra que no se hace cargo de este nuevo escenario laboral, sino que más bien tiene la intensión de precarizar la situación de los trabajadores, que hoy día podrían cuestionar su situación en tribunales, pero con esta normativa cerraría cualquier posibilidad de luchar judicialmente por el reconocimiento de la relación laboral.
Recordemos que, para garantizar la fácil y barata explotación por parte de los empresarios, la legislación chilena obliga a este tipo de trabajadores (al igual que la figura de los honorarios) a demandar judicialmente el reconocimiento de una relación laboral, la que en los hechos evidentemente existe, pero que el ordenamiento jurídico nacional busca desconocer para precarizar las condiciones laborales, como los mínimos derechos que tiene un trabajador, como lo son las vacaciones, fueros, jubilación, protección a la maternidad, indemnizaciones, seguros médicos, etc.
Por si esto no fuera poco, el gobierno mediante este proyecto también decidió avanzar en el aumento del negocio de las AFP, estableciendo otro tipo de contrato llamado “Contrato de Formalización”, con la supuesta idea de que estos trabajadores “se formalicen”, para objeto de que paguen sus cotizaciones previsionales forzadamente en los mismos términos que lo hacen los precarizados trabajadores bajo régimen de honorarios, pues se les requerirá que emitan este tipo de boleta.
Plataformas de precarización y sus millonarias ganancias
Rappi, Glovo, Pedidos Ya, Uber Eats y otras empresas, basan su existencia en el uso de las aplicaciones para celulares, para pedir todo tipos de servicios o productos. Estas empresas crecieron tan rápido que se comenzó hablar de una “economía de plataforma”, pero ha demostrado ser un verdadero “capitalismo de plataforma”. El motor de esta nueva economía con aires de vieja explotación, es la masificación del uso de celulares, internet y las plataformas socio digitales. En Chile 8 de cada 10 personas usan smartphone y 8 de cada 10 accede a internet.
Combinando estos avances tecnológicos, con el creciente peso de los servicios en las ciudades y la existencia de cientos de jóvenes desocupados y precarizados en el mundo, llegamos a las famosas “Plataformas de Servicios”. Un nuevo terreno para la inversión capitalista que esconde un gigantesco negocio de distribución en base a la explotación de cientos de miles de jóvenes.
Los empresarios pusieron toda a su creatividad en marcha y bajo el verso de “la economía colaborativa”, encontraron la forma de contratar miles de trabajadoras y trabajadores sin reconocerlos como tales, bajo el lema de un supuesto “trabajo independiente” que en realidad controlan ellos, recortando multimillonarias ganancias.
Estas plataformas no se presentan como clásicas empresas en donde existen trabajadores y patrones, según ellos son parte de la llamada “economía colaborativa” donde las empresas serian una suerte mediadores, en donde conectarían a colaboradores, usuarios y comercios. Pero, por esa “conexión” la empresa se queda con un porcentaje que ronda entre los 20% a 30%, dinero que obviamente termina en el mundo financiero amasando millonarias ganancias.
Por ejemplo, Glovo el 2017, facturo 17 millones de euros, en 2018 superó los 90 millones, además está asociada a 4000 establecimientos y posee 10 mil trabajadores a nivel mundial. Similar es el caso de Rappi, quien en el 2018 facturo 5 millones de dólares mensuales, además está asociada a más de 3000 establecimientos y posee 6 mil repartidores en nuestro país.
¿Qué hacemos ante esta precarizadora reforma?
La relación entre plataformas y colaboradores independientes es un nuevo invento detrás del cual las empresas esconden uno de los más grandes fraudes laborales que se conozca: negarles a los trabajadores su condición de trabajadores, por ende, sus derechos. Con esta nueva reforma, el gobierno a todas luces trata de aumentar las opciones empresariales a costa de la explotación del trabajo de miles.
Cada paso de la juventud precarizada es muy importante, para pelear por todos sus derechos laborales y sindicales, pero también para rebelarse contra quienes les quitan el futuro. Es por ello que urge la necesidad de avanzar en el reconocimiento legal de la situación laboral de estos miles de trabajadores, que todos pasen a tener los mismos derechos que un trabajador regido por el Código del Trabajo, permitiéndoles de mínima contar con los mismos derechos, como el poder formar organizaciones colectivas de las cuales puedan pelear y exigir sus derechos sindicales, como lo han hecho en diversos países, como en Argentina, Inglaterra, etc.
La enorme oportunidad abierta con el avance de la tecnología, la robótica y la automatización de los procesos productivos, sienta las bases materiales para reducir la jornada laboral, mejorar sustancialmente las condiciones de vida de millones de trabajadores y terminar con el desempleo.
Para terminar con la desocupación hay que conseguir el reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles, es decir, entre empleados y desempleados, reduciendo la jornada laboral a 30 horas semanales, trabajando 6 horas en los 5 días de la semana. Junto con esta reducción de la jornada laboral, debe haber un aumento en los salarios que garantice la canasta familiar básica (que ronda los $500.000 pesos). Recién después de esto, estaríamos realmente frente a una mejora significativa para la vida de las y los trabajadores, donde de verdad se logre conciliar el trabajo con la familia, apuntando a reducirlo lo menos posible con el fin de dedicar todo ese tiempo al arte, la cultura, el ocio, y disfrutar la vida.
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