La reforma en los descuentos

Andrea Pinol. Área de Investigaciones Laborales y Formación Sindical. ICAL

A varios meses de iniciada la discusión parlamentaria del Proyecto de Ley que Moderniza las Relaciones Laborales enviado al Congreso a finales del año pasado, nos encontramos en  la recta final de una carrera a la que se le han ido sumando cada vez mayores obstáculos.

En el transcurso de las últimas semanas y principalmente en lo que va de ésta, los pronunciamientos en contra de la reforma laboral desde los gremios empresariales más importantes representados a través de la CPC (Confederación de la Producción y el Comercio), han pasado desde la discusión técnica a una abiertamente política, centrándose en los puntos críticos que determinarán la posibilidad real de avanzar en una mejor distribución de los ingresos, que le permita a la mayoría de los chilenos y chilenas verse reflejados efectivamente  en las cifras económicas que posicionan internacionalmente a Chile como un país en vías de desarrollo, o mantener la desigualdad.

Aminorar la enorme desigualdad e inequidad en la distribución de la riqueza que existe en nuestro país y que se expresa principalmente en los salarios que perciben los trabajadores y las trabajadoras, pasa necesariamente por construir una institucionalidad que garantice condiciones que disminuyan la asimetría de poder que existe hoy en las negociaciones entre las partes. Pero no solo se trata de mejorar las condiciones materiales de la mayoría de las familias de nuestro país, sino que por sobre todo de devolverle su dignidad al trabajador, reconociendo el rol primordial que este actor juega en la sociedad y superando el trato paternalista de raigambre histórica que tienen los empresarios en Chile con los trabajadores.

Urge tener presente que lo que se encuentra en el centro de la discusión no es novedoso, revolucionario, ni muchísimo menos complejo; se trata de equilibrar la relación entre capital y trabajo, relación que se ha inclinado principalmente a favor del primero hasta ahora. Aspecto que se ha reducido desde la puesta en marcha de la actual institucionalidad laboral a la discusión sobre el salario mínimo; “chauchas” más o “chauchas” menos, que no guardan ninguna relación con el valor real del trabajo que aportan los asalariados a la productividad del país. De acuerdo con datos de la Fundación Sol, hoy el ingreso per cápita del país bordea el $ 1.400.000, mientras el ingreso real que percibe el 74 %  de los chilenos y chilenas no supera los $426.000, es decir, menos de un tercio de esa cantidad; brecha que aumenta si agregamos que el salario mínimo no supera los $250.000.

Frente a la confusión que buscan crear aquellos que persisten en su empeño por reducir todo a la ecuación de que lo que es bueno para la empresa es bueno para el trabajador y bueno para el país, y aplauden los llamados a equilibrar la reforma (en suma, volver al punto cero), habría que responder con ciertas aclaraciones. No se trata de que lo bueno para una parte sea malo para la otra, la cuestión está en qué grado es admisible el beneficio propio cuando es a costa del perjuicio de otros y esos otros, además, son la mayoría. Para el sector empresarial, hasta ahora las relaciones laborales se encontraban en perfecto “equilibrio” ¡y cómo no con la balanza a su favor!

Paradójicamente, quienes hoy consideran un exceso las modificaciones que se busca hacer al Código del Trabajo, son los mismos que se hicieron ricos gracias a una PROFUNDA REFORMA, como fue el Plan Laboral del 78. La que tuvo como objetivo garantizar las condiciones necesarias para aumentar exponencialmente las ganancias de las grandes empresas a costa de la precarización y flexibilización del empleo, es decir, a costa de los trabajadores y trabajadoras que han sufrido y siguen sufriendo sus consecuencias a diario, enfrentados además a una débil institucionalidad en materia de Seguridad Social. Reforma que además, abolió de un día para otro y sin ningún tipo de participación de la ciudadanía, los derechos ganados por los trabajadores y trabajadoras de Chile durante todo un siglo.

Dadas las persistentes comparaciones de Chile con los demás países de la OCDE, que nos sitúan como un país con importantes avances en materia económica, es interesante mencionar que el mismo organismo, en el último número de su serie “Mejores Políticas”, retrata a Chile como uno de los países con “(…) los niveles de desigualdad de ingresos y de pobreza relativa más elevados de la OCDE (…) y con un mercado laboral con (…) fuertes desigualdades, con una importante brecha de ingresos y de empleo entre hombres y mujeres, un alto nivel de desempleo juvenil y una gran cantidad de personas que trabajan con acuerdos laborales no-regulares.”

Frente a este diagnóstico, los llamados de alerta de la CPC sobre el “atentado” que la Reforma representa para libertades y derechos fundamentales consagrados en la Constitución solo buscan provocar confusión y no guardan relación con la realidad del país. Menciona por ejemplo, el señor Alberto Salas, que la reforma atenta contra el derecho al trabajo. ¿No sabe acaso el Presidente de la CPC que la Constitución que defiende no consagra dicho derecho? A la seguidilla de declaraciones que buscan frenar el avance de la reforma, se suma el llamado que hicieran a todas sus ramas a discutir el proyecto, con el objetivo de presentar un pronunciamiento único al ejecutivo a favor de los intereses del gremio.

Con el firme propósito de instalar un estado de confusión como antesala a la votación de la reforma, han dirigido su atención incluso al poder judicial, con eco en medios como La Tercera, que dedica una de sus  editoriales a reforzar los dichos del gremio. Acusando “un sesgo pro-trabajador” en los fallos de la Cuarta Sala  de la Corte Suprema durante estos dos últimos años, lo que según ellos marcaría un precedente para la aplicación de las medidas que se aprueben, dejando en una situación de vulnerabilidad sin precedentes a los empresarios frente a los trabajadores. Dichos irresponsables, por decir lo menos -dado que no existe ninguna acusación formal-, que buscan instalar desconfianzas infundadas en el  Poder Judicial.

Frente a este escenario, marcado por la confrontación política abierta,  la crisis de legitimidad que atraviesa a casi todas las instituciones, y dada la actual correlación de fuerzas políticas, expresadas no solo en las coaliciones oficialista y de oposición, sino que también en el movimiento social, solo quedan preguntas abiertas ¿Qué posibilidades reales existen hoy en Chile para avanzar en un nuevo modelo de relaciones laborales si por un lado nada es suficiente y por el otro cualquier cosa es demasiado? ¿Qué ha ocurrido con las movilizaciones que lograron instalar en la opinión pública que en Chile no estábamos tan bien como creíamos, que el bienestar de las personas no se traduce solo en indicadores económicos, que había llegado el momento de discutir un nuevo proyecto de sociedad, de firmar un nuevo contrato social? Los primeros signos de respuestas a estas interrogantes los tendremos probablemente en las próximas elecciones municipales, en las que sería a lo menos alentador salir de la falta de participación endémica que padece nuestro país.