Un crecimiento promedio de 2% o algo más durante la actual administración y el riesgo de un desempleo que se escape al alza, azuzado por el inicio del ajuste monetario dispuesto por el Banco Central, son apenas el punto de partida. El precio del cobre en persistente baja, amenazante con caer de US$ 2 la libra y con un tipo de cambio instalado en los $ 700 como telón de fondo. Un gasto público mayor en US$ 2.451 millones al requerido este año y la expectativa de lograr US$ 2.264 millones de ingresos extras para apenas cubrirlo. Tres complejas reformas estructurales en el Congreso y la presión oficialista por cumplir el programa de gobierno a toda costa. Y ahí, detrás de eso, las municipales de octubre y la ruta hacia la presidencial.
Lo anterior no es todo lo que pasará en 2016, pero sí el escenario base que hasta ahora espera al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Nada fácil, si además algunos de los principales socios comerciales de Chile tampoco se ven bien. Estados Unidos acaba de subir las tasas de interés tras siete años en mínimos históricos; el nuevo gobierno de Argentina iniciará su ajuste económico para superar la crisis, y la región tambalea de la mano de un Brasil en plena recesión y debacle política de largo aliento.
1. El desafío fiscal
Para cumplir la agenda especialmente social de la administración Bachelet, la Ley de Presupuestos 2016 contiene US$ 57.539 millones para gasto público. Los ingresos esperados, sin embargo, son menores: US$ 49.798 millones. Así, prevé un déficit fiscal efectivo de 3,2% del PIB y uno estructural de 1,3%. En su diseño, Hacienda proyectó un crecimiento anual de 2,75%, de 2% para la demanda interna y un 3,8% de inflación promedio. Todo, con un precio del cobre efectivo de US$ 2,5 la libra y tipo de cambio de $ 700. Dato no menor es que cada centavo de dólar que baja la libra de cobre son unos US$ 50 millones menos para el Fisco.
Dado que en los próximos años el precio del metal rojo seguirá muy cercano a los costos de producción, el curso de las finanzas públicas se verá mermado por una baja en los traspasos de Codelco al Fisco y una menor contribución tributaria de la minería privada, anticipa el académico de la Universidad de Chile José Yáñez. “Hay una caída relevante de esos ingresos, los que se perciben en moneda extranjera. Eso, por tanto, repercutirá en un mayor precio de la divisa, siendo un incentivo para los exportadores, pero un desaliento para las importaciones. A su vez, esto elevará el precio de los transables y por esa vía se generarán presiones inflacionarias”, advierte.
Para Guillermo Le Fort, socio de Le Fort Economía y Finanzas, el principal desafío para la gestión de Valdés es seguir la ruta trazada por el gobierno de reducir el déficit estructural en 0,25% del PIB por año, en el contexto de una baja del precio del cobre hacia US$ 2,50 la libra y, posiblemente, también del PIB potencial (estimado en 3,6%), más nuevas presiones de gasto.
Con la mira en las municipales de octubre y la antesala de la presidencial, los expertos no descartan que Valdés sea presionado a usar el Fondo de Estabilización Económica y Social (Fees) -como hizo en 2009 el ex ministro de Hacienda Andrés Velasco para atenuar la crisis-, elevar la deuda pública o combinar ambas. El primer reto, entonces, es mantener el gasto público en línea con la meta de convergencia del déficit estructural hacia un balance en 2018, precisa Rodrigo Cerda, director alterno de Clapes UC, pero hay dos complicaciones: “Una caída de ingresos estructurales que enfrentará una vez que se actualicen el precio de referencia del cobre y el PIB tendencial hacia menores niveles en el próximo presupuesto, y la presión de mayor gasto en años de elecciones. El problema es que según la proyección oficial no hay espacio para aumentos relevantes de gasto público a lo menos en el próximo trienio”.
Así es como fortalecer la institucionalidad fiscal y no limitarse a mirar escenarios estructurales basados en parámetros hoy difíciles de proyectar son tareas inmediatas, según Rosanna Costa, subdirectora de LyD. Frenar el gasto nominal aprobado en la Ley de Presupuestos y el déficit efectivo que ya estima cercano a 4% son claves. “Ayudaría incorporar una mirada al gasto de mediano plazo, revisar beneficios mal diseñados, duplicados, mal coordinados o que tienen uso abusivo. También debe ser más cuidadoso con las empresas públicas, los pasivos contingentes y las operaciones cuasifiscales”, detalla.
El gerente de Estudios de Gemines, Alejandro Fernández, suma como tareas evitar el despilfarro por parte del Estado y acelerar el crecimiento del PIB y de la productividad como prioridad en política económica. “El crecimiento estará bajo el 4%-5% real de años anteriores y afectará la recaudación esperada por la reforma tributaria. Esta se diseñó con crecimiento real en torno a 4%y es urgente apuntalarlo”, acota Yáñez.
“Llevamos una secuencia larga de trimestres seguidos con caídas en inversión, interrumpida en el último trimestre más bien por factores transitorios. Retomar la inversión requiere mejoras de confianza empresarial y políticas públicas pro productividad, porque ésta lleva 15 años muy deprimida”, complementa Cerda.
2. Atajar goles
Cuando el 11 de mayo la Presidenta Michelle Bachelet nombró a Valdés en Hacienda, el mercado leyó en eso el intento del gobierno por mostrar su compromiso con una economía sostenible, potenciar su crecimiento y favorecer la inversión. Pero aun con su incesante esfuerzo por aquello, no han sido fáciles estos siete meses para el ministro y tampoco se espera que lo sea el 2016. Las expectativas siguen débiles y las confianzas aún son frágiles. Corregir la reforma tributaria, incluso para mejorar la vigente; ajustar una reforma laboral con cambios que rechazan sindicatos y empresas, e insistir con una educacional, que no convence transversalmente, no facilitan las cosas.
En opinión de Le Fort, lo legislativo estará anclado en la reforma laboral, financiamiento de la educación superior y, eventualmente, en un cambio en previsión. “Valdés tendrá la necesidad continua de atajar ‘goles ideológicos’ por iniciativas en los campos laboral, tributario, previsional, educacional, que se alejan de la racionalidad económica, que implican mermas en la efectividad de la política pública y que redundarían en nuevas presiones de gasto”, sostiene.
Políticamente, no es fácil la tarea, apunta Yáñez, pues mientras en lo tributario deberá buscar apoyos a los cambios propuestos y la oposición no se ve muy colaboradora, en lo laboral falta concordancia.
Fernández, más pesimista, dice que dos temas ya están perdidos: “Corregir la reforma tributaria para que no desincentive el ahorro y la inversión, con impuestos que sean más eficientes y eliminando exenciones, y arreglar la reforma laboral para el siglo XXI, creando mecanismos para elevar la participación femenina, reconocer los efectos del cambio tecnológico y posibilitar el trabajo en jornadas parciales y a distancia”.
Costa, en tanto, prevé que surgirán retos extras asociados a temas abiertos por el propio gobierno y la urgencia de agilizar medidas pro crecimiento, “aunque todas chocan con el debate institucional y las reformas aprobadas”. Y aun cuando está convencida del “foco mal puesto” en la agenda oficial, indica que el esfuerzo en lo que queda de esta administración debiera apuntar a la modernización del Estado, productividad, reducción de costos productivos y fomento a la innovación y emprendimiento.
3. Reformas estructurales
El costo de la reforma educacional aún es incierto, dada la gratuidad, cobertura y gradualidad que se siguen debatiendo en el Congreso. Por eso, su financiamiento preocupa a los economistas, porque esa presión se agudizaría con las demandas pendientes en salud y salariales a nivel del Estado.
Fernández, en todo caso, precisa que en lo educacional el punto es lograr que la reforma, en todas sus áreas, “no se transforme en un saco sin fondo” que absorba recursos inexistentes y no genere un deterioro extra de la calidad. A ello, agrega, se suma la tarea de encauzar la reforma a la Constitución para evitar un deterioro del derecho de propiedad y de la independencia del Banco Central, y que eso no sea otro factor de freno a la inversión y las expectativas. “Hacienda debiera tener más injerencia en el debate constitucional, sobre todo en lo relacionado con aspectos del derecho público económico”, dice Cerda.
Precaución que comparte Costa: “Asomará un debate institucional económico en temas clave, como derechos de propiedad, institucionalidad y descentralización fiscal, e independencia del BC”. Todo lo que, enfatiza, ha resultado en un equilibrio institucional virtuoso.
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